Medios periodísticos de reputada fama, desde que la democracia llegó a nuestro país, se han venido haciendo eco de las adversidades del corporativismo en el normal desarrollo del ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y, consecuentemente, para el desarrollo pleno de nuestra Democracia. Siendo medios de gran relieve en la opinión pública de nuestro Estado, no resulta desdeñable, ni se debe pasar por alto, que estos prestigiosos grandes medios de comunicación, de vez en cuando, retomen la cuestión del corporativismo en nuestro Estado, como una cuestión que sigue sobreviviendo en nuestra sociedad distorsionando la Democracia, pues si el objetivo de la Democracia es asegurar el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, el Corporativismo viene a representar una “carga de fondo”, una zancadilla efectiva y eficaz contra los derechos civiles, pues en el Corporativismo son profesionales que trabajan en ámbitos determinados del Estado los que “acuerdan implícitamente” (por solidaridad profesional) que determinados asuntos que llegan a su esfera sean resueltos de manera “determinada” a los intereses o pretensiones de uno de ellos y, a veces, se resuelvan de acuerdo a sus intereses particulares, o puntuales, derivados del ejercicio de su profesión (por lo general funcionarial); haciendo en la práctica inviable o imposible la defensa de los derechos de los ciudadanos o de un ciudadano particular en un determinado asunto que le afecta. Como decía Sócrates, según manifestara Platón, nadie mejor que el mejor médico para torcer la salud de un paciente y que ello pase inadvertido; o nadie mejor para torcer la justicia que el más experto en leyes (por lo que propusiera en su obra La República vigilar a los jueces como si de delincuentes se tratara).
El corporativismo es, sin duda, una pata esencial para tergiversar y torcer (torticeramente) las leyes y el Derecho; y, en definitiva, los derechos ciudadanos, como así lo demostró el régimen de Mussolini en Italia (que precisó apoyarse en un modelo corporativista del Estado que impuso el Fascismo en Italia para asegurarse que los profesionales, sobre todo los que trabajan para la Administración del Estado, se sientan seguros y amparados ante un régimen autoritario o Dictadura que va a vulnerar los derechos civiles esenciales de sus ciudadanos, anulando la libertad a organizarse en partidos políticos o sindicatos libres y, consecuentemente, limitar su libertad de expresión, opinión o ejercicio de defensa de esas mismas libertades, en razón de concebirse, el Estado Fascista, como perfecto en sí mismo, y por lo tanto excluyente de cualquier otra opción o visión política diferente; por lo que directamente las prohíbe y declara enemigos del Nuevo Régimen “Perfecto” a cualquier persona u organización que se oponga o se queje. Para ello precisa de profesionales, en especial de la Justicia, dispuestos a sobrevivir en cualquier circunstancia que pase por un Estado, y que se allanan a ese nuevo escenario aplicando leyes en contra de las libertades básicas de las personas y de sus propios conciudadanos).
España, en tiempos del Franquismo, imitó dicho modelo corporativista, abundando ya no solo la corrupción moral, sino también su consecuencia: La corrupción económica era el pan nuestro de cada día – teniendo que buscarse recomendaciones de poderosos para cualquier gestión pública o para simplemente comprarse un piso sin que te apareciera en medio del salón (de parquet o de granito pulido) una tara de gran tamaño (porque resulta que fuiste incómodo en alguna queja a tu jefe de la entidad bancaria donde trabajabas o porque protestas como ama de casa porque algunos tienen ventajas en economatos donde no te dejan entrar a comprar con precios más baratos - y eso que tienes familia numerosa; es decir: Se tenía que buscar a un señor influyente del régimen que “te avalara” para poder vivir en paz - y también llegaron la suspensión de las garantías jurídicas (que en otros países, sí democráticos, se otorgaban a personas y organizaciones) a personas y organizaciones por concebirse peligrosas para la sociedad (como aquella “ley de vagos y maleantes” o aquella otra que prohibía las actividades políticas o sindicales con la consecuente creación del Tribunal de Orden Público). Los fusilamientos, encarcelamientos, violencias físicas y morales estuvieron a la orden del día hasta que el pueblo quedó bien atemorizado y sumiso, pues la injusticia se hallaba en cualquier lugar al que se mirara y los profesionales de la justicia, si querían tener una vida profesional y familiar tranquila, acataban las ordenes, o sugerencias, que desde arriba señalarían el signo y resolución de cualquier caso que les llegara a sus despachos o juzgados.
La democracia señalaba una nueva ruta a un modelo de libertades públicas que permitiera el derecho a ejercer libertades individuales y políticas. La finiquitación del Tribunal de Orden Público, que la Democracia reconvirtió en Audiencia Nacional - sin remover a aquellos jueces -inició un proceso de tránsito a la Democracia lleno de dificultades, zancadillas y aberraciones lamentables, pues las leyes que atentaban contra las libertades públicas no fueron derogadas en su totalidad, ni súbitamente (salvo aquellas que hicieran posible la existencia de organizaciones políticas o sindicales, y que implicaban el derecho de los ciudadanos a militar o afiliarse a ellas) sino que hubo de pelearse, una a una, contra todas aquellas normas que seguían vigentes desde el Franquismo y que afectaban a la vida cotidiana de cada ciudadano en términos generales (habría que recordar cómo un Juez fue capaz de acusar y hacer detener a un joven que se besaba con su novia en la barra de un bar acusándolo de escándalo público, metiéndole en la cárcel y que acabó suicidándose, siendo este el proceder); una Administración que veía con desconfianza la llegada de la Democracia, y de los políticos, a la dirección del Estado y la gestión desde una visión de Servicio Público para la Sociedad, a la que se debían, y que ya no debiera ser la Administración como un estamento “etéreo, indefinible y todo poderoso” de un Estado supremo funciona ajeno a la voluntad de sus ciudadanos (usando el argumento y la sencilla razón de que los profesionales que en el Estado trabajan “ya saben" qué es lo mejor para la sociedad y para cada uno de sus ciudadanos, según los informes que de estos poseen y que no suelen conocer, o tener acceso, para oponerse a ellos, los propios ciudadanos afectados)
Así fue el proceder, el único efectivo, para ir derribando las leyes franquistas que sobrevivían en nuestra Democracia. Es decir, el coste de derogar una ley, siempre fue alto y de gran batalla política, pero a veces el precio fue silencioso hasta que alcanzaba la esfera mediática, en ocasiones de sangre o gravísima penalidad para un ciudadano; hechos que transcendiendo a la prensa, y a los medios de comunicación, acaban suponiendo un escándalo en la opinión pública que permitía la derogación de esas leyes retrógradas e inmorales en sí mismas, pero sostenidas por altos funcionarios que consideraban, en el fondo, que eran normas y procederes que habían mostrado ser efectivos y eficaces durante el franquismo y que “debían” de incorporarse al sistema democrático como instrumento para la "seguridad" de la sociedad (aunque ello comportara la pérdida efectiva de derechos en los ciudadanos). Los propios partidos en el poder no siempre vieron el momento oportuno de finiquitarlas, así que los excesos que transcendían a la opinión pública ayudó a ir derogándolas; no solo ya ante la resistencia de un aparato del Estado Franquista que permitía la Democracia (tuvo esa “generosidad” impuesta desde Europa para restablecer unas mínimas pautas para las libertades civiles), franquistas que la aceptaron como mal menor, para sobrevivir, y que así también conseguía desembarcar en la Democracia imponiendo sus condiciones, sus tiempos y sus pausas. El objetivo de barrer esas leyes del mapa político y social procedentes de un Franquismo que se concebía, así mismo, perfecto, supuso pagar el precio de muchas injusticias (y algunas de ellas aún llegan a nuestros días). Es cierto.
El franquismo, de alguna manera, sobrevivió con la fórmula del corporativismo – concebido como la fortaleza y eficacia de los profesionales en la gestión de los procedimientos reglados por ley, en sus distintas ramas; y con ellos el control real y de facto de la Administración del Estado – en todas sus ramas - subsistiría y permanecería a la llegada de la Democracia, e incluso quedando visibles prácticas de cooptación contra-constitucionales que sin rubor alguno se plasmaban en escritos, en documentos oficiales, que solo salieran a la luz mediante la presión de órganos constitucionales, como el Defensor del Pueblo, que impelieron a que algunos expedientes de la Administración fueran entregados a ciudadanos que reclamaban conocer cómo se habían tomado decisiones Administrativas sobre sus propias vidas y/o removieran burocracia “concebida como traba opaca” dificultosa de acceder a un ciudadano si no conocía de normas, leyes y procedimientos, y simplemente pidiera información verbal sobre un expediente que le afectara (incluso si era un expediente médico sobre su propia persona) recibiendo respuestas ambiguas ya la postre dilatorias hasta que alguien le sugiere que ponga una queja formal (y entonces la funcionaria, médica en este caso, se viene a justificar en reglamentos, procederes legales y desviando la atención a otras circunstancias, para poder "hacerse la ignorante" de que su paciente lleva años reclamando el derecho a conocer su propio expediente) – aun hoy en día nos vemos en tesituras semejantes, que solo son posibles ante la inicial buena fe del paciente que acaba por desconfiar de un sistema burocrático de la Administración que está más concebido para guardar “secretos” cuando le conviene o interesa al funcionario, médico en este caso, - incluso en lo que le afecta al administrado – y reservarse así la "última palabra" si llegara el asunto a los tribunales; parece que a veces se procede así para mostrar la fortaleza del cargo se que se ocupa y hacer totalmente sumiso al paciente (que si no tiene alternativa privada verá su posibilidad de alternativas totalmente frustradas) pero otras veces se procede así por sugerencia de otros funcionarios que pretenden decidir, - desde su posición de fuerza adquirida por la experiencia funcionarial en los procesos que regulan las actividades del Estado – sobre la vida de una persona que piensa que vive en un Estado de Derecho, regido por una Constitución neutral, pero que olvida que la interpretación – en primera instancia – no corresponden a los tribunales, sino al funcionario,o funcionarios, de turno que será capaz (o serán capaces) - si la suerte no acompaña o se le cruza en el camino al así tratado – de determinar el futuro de esa persona respecto de cuestiones esenciales en su vida y presentar la situación ante el tribunal correspondiente como “caso perdido” pese a la “buena voluntad y los mejores medios puestos a disposición del administrado”. Con lo que el Juez o Jueza solo tendrá que hacer unos pocos trámites reglamentarios y estampar el sello en una sentencia concebida a priori, por su semejanza, con otras muchas situaciones semejantes, sin reparar que el mal está dentro de la Administración, o simplemente ignorándolo, porque “el devenir de la Administración va por ese camino "tradicional" y la sociedad lo tolera” ¿Para qué oponerse a tal inercia?
El corporativismo ha venido sobreviviendo en distintos sectores de nuestra Administración. Bastaría señalar como siguen existiendo colectivos profesionales que vinculados con la Administración apelan, en ocasiones, a esa idea primaria de ser “colegas” para reclamar “solidaridad o empatía” ante un problema profesional o para que una visión una visión profesional sea compartida porque “se les puede ir de las manos” (normalmente por un grave error de falta de objetividad, o simple empatía hacia otro colega funcionarial, que sugirió tratar un asunto de una manera determinada para un familiar cercano, y existe el riesgo de que las circunstancias muestren graves errores en la manera de llevar la situación de un paciente, y se aleje el objetivo "trabajado durante años" de excluir a ese familiar de la sociedad y encerrarlo para siempre porque resulta molesto a la familia o la pone en entre dicho con su sola existencia en la sociedad – hay quienes no aceptan tener un familiar con una enfermedad inhabilitarte, postrado en cama desde hace años, y acaban por ignorarlo y ni siquiera visitarlo, como si de una ofensa a la familia se tratara; y hay otras familias, construidas desde el secretismo, la mentira y la traición, que eligieron como chivo expiatorio al más ingenuo o voluntarioso de uno de sus miembros y luego, con el tiempo les sobra, no vaya a ser que se acabe por desvelar lo que siempre debiera estar velado. Es decir: Una cuestión de Honor que todo el mundo puede entender, y más unos profesionales funcionarios que también saben “qué es tener familia” y que esta “sea molesta”. A la postre, un favor se devuelve con otro favor que nunca se sabe cuándo será preciso obtener).
Así es el corporativismo de nuestros días; unas veces en razones políticas (de entorpecer la vida a un ciudadano molesto y que siempre será fácil de trabar, pues la Administración es todo poderosa y tarde o temprano todos los ciudadanos precisan de ella; incluso también se podría responder que estos políticos de gran peso que desembarcan en nuestras multinacionales (Eléctricas, telefónica, etc.) cumplirían esa función de aceptar la lista de “castigados” que tendrán problemas con los recibos por errores “humanos o técnicos” que le quebrará la cabeza una temporada a ellos y sus familias). Otras en razones de favores entre compañeros o colegas que se coordinan con personas tuteladas (como el hermano que trabaja en la DGA con tutelados y se pone de acuerdo con el Fiscal para acabar “con su propio hermano” de una vez - ya se lo dijo al hermano por wasap: ¿Pero tú con quién estás? (con nosotros o contra nosotros, cuando le pedía recuperar sus pertenencias aun en casa de la madre y que no hay manera de recuperarlas – ni siquiera documentos básicos – y le recordaba al hermano funcionario que la madre aún poseía cosas y bienes del padre, del que llevaba más de 25 años separado) "¿Con nosotros o contra nosotros?". Y remacha el hermano funcionario: ¡¡Denúnciame!!. Pero resulta que quien denuncia es él, el funcionario al hermano, con ayuda total del Fiscal que parece haber redactado el propio escrito del juzgado y pide para el hermano funcionario el control de la vida del hermano díscolo que pide sus bienes y está hasta el gorro de que lo ingresen si llora o se queja de cualquier trato recibido de la madre. Y la médico psiquiatra, que le llevaba en el centro de salud al hijo, sumisa a la toda poderosa madre funcionaria de adultos ya jubilada, carga contra el padre (obviamente por proteger al hijo de tamaña injusticia que viene sufriendo a base de exageraciones, deformaciones y mentiras) y pide “apoyo” del resto de funcionarios para que avalen su mala praxis, denunciada por el hijo reiteradamente, y no se vea en entredicho (hasta a Ibiza, la doctora del hijo, hace llegar la queja de que le padre tiene intimidados a los psiquiatras). Miente, lo sabe la Dra, pero es argucia victimista que logra éxito en ambientes funcionariales corporativistas. El hermano funcionario, y el otro hermano – que parece haber sido utilizado para ponerse en riesgo en todo este asunto sacando diagnósticos sobre su hermano en redes sociales y dando nombres y poniendo fotografías del hermano para hacerlo más vulnerable a la gente que sostiene la impiedad como forma de conducta social (que de todo hay en esta sociedad), ese hermano está destinado, si no me equivoco, a provocar ese enfrentamiento físico que parece meta confesada que seduce a la madre; con quien sea, sea con el hermano díscolo o con el padre - recibieron hace pocos años el regalo económico de un piso y el otro de una reforma de un piso (no hay nada como los bienes materiales o el dinero para que las conciencias dejen de reclamar sentido común y equidad para con un hermano maltratado y se considere que la mejor opción sea “colocar” al sentido común en el terreno de lo material y beneficio propio).
Hace años, antes de que la madre conociera al padre de sus hijos, y estando casada previamente, de alguna manera confesaba su cierta admiración morbosa ante una mujer de su barrio (vivían entre la avenida Valencia y Goya) de la que decía que los hijos de esa señora pegaron una paliza al padre. Luego, 10 años más tarde, esta señora repetía la amenaza al padre de sus hijos cuando se separaban: "Mis hijos te pegarán una paliza" – entonces el mayor solo tenía 5 años, pero la mente de esta “sana” señora ya tenía planificado su plan parece ser, (no le salió la estrategia de machacar al padre durante ese verano dónde planifico la "teatralización de su separación", el padre del padre se dio cuenta y apareció en escena para evitarlo, parece que la estrategia sugerida por Gloria Labarta y su gabinete, de la que se reconoce amiga, y que sale por las redes hablando amor – y que resulta algo sorprendente a tenor de cómo actúa su amiga y madre con uno de sus hijos); pero que al padre ya no le extraña, pues el hijo, así mal tratado, en unas vacaciones pasadas con la madre, tuvo que soportar a una amiga de la madre que había hecho con el hijo lo mismo que la madre quería hacer con él mismo: Encerrarlo para siempre en una institución y sacarlo de veraneo de vez en cuando. Este año ha sido un año de suplicio para el hijo con el aval de la doctora, que a la madre todo lo justifica, incluso que uno de los hermanos saque la foto en redes del hermano maltratado y le ponga diagnóstico público, todo es justificable para esta doctora que habla que con ese proceder está protegiendo a su hermano que se hallaba solo sin dinero ni comida a 400km de su ciudad, con mar por medio, y pidiendo ayuda a una familia que directamente se la negaba esa noche aciaga; las palabras de la madre en esa noche son de una crueldad inaceptable. Habrá que preguntarse si también para el Fiscal, que tan diligentemente recoge la denuncia del hermano funcionario y parece ser que hasta redacta en sus mínimos detalles, se complace en estos procederes. Y para la jueza, que el hijo conoce, porque solo hay dos juzgados en esta ciudad para esto, y que amenazaron, acompañada supongo de la secretaria judicial, e intimidaron al hijo con encerrarlo a primeros de año en un ingreso forzado por su hermano funcionario cuando se quejó de cómo le trataba la madre.
La madre va consiguiendo sus objetivos vinculados siempre con la idea morbosa de la amenaza y la violencia más o menos explícita. De momento ha conseguido enfrentar a los hermanos, pero el objetivo siempre fue el padre. De eso no hay duda (y no hay más objetivo real en ella que la culminación de conseguir ese objetivo plasmado en algún bien material: La casa del padre; que desde la conoció en una visita en 1999, cuando el padre se lesionó el menisco bailando tango en su asociación, fue a buscarlo a la MAZ y con los hijos ella visitó su nuevo hogar; demasiado bonito para un hombre del que ella se separó y que nunca quiso que levantara cabeza; siguiéndole la pista por donde fuera, y pidiendo informes de su vida y hechos a donde fuera).
El corporativismo ha calado tanto en nuestra sociedad que hasta las organizaciones sindicales (al menos las instauradas en ámbitos políticos determinantes, como ayuntamientos de mi ciudad) optaron por aceptar esa idea corporativa y se apuntaron al carro de obtener títulos en los programas para Adultos del MEC y luego cuando fueron traspasados a la Comunidad Autónoma siguieron con ese proceder. Entre funcionarios (sobre todo sindicalistas que precisan promocionarse laboralmente) la corriente de afinidad y cierto corporativismo es evidente. No es de extrañar que las vergüenzas de nuestro políticos al sacarse carreras universitarias de manera dudosa, se halla pasado por alto (algunos dicen que hasta que no entraron en el partido nadie de sus familias se enteraron o "percataron" de lo inteligentes que eran, pues les llovieron los títulos universitarios). Eso es corporativismo. Como lo son esas situaciones de desigualdad evidente que se consiguen hacerlas callar en los medios de comunicación, para que no haya una investigación a fondo y saber hasta dónde llegara la corrupción en ese ámbito político con la Universidad. El silencio es pleno, pero la madre, profesora de adultos jubilada hace un año o dos, parece tener tal red de relaciones tejida en su vida profesional (servicios sociales, policía, fiscalía) que solo precisó mover una pieza más para situarse al margen y mostrarse como víctima (convencer al menos a uno de sus hijos de que estudiaran Trabajo Social; parece ser que uno de ellos le dijo que “no le gustaba” y que perdió tiempo y luego ganas, y le espetaría: Con mi padre hubiera estudiado ingeniería). El otro, el ahora funcionario, se tuvo que ir a estudiarlo a Valencia, aunque hubiera aquí esos estudios universitarios – parecía esencial huir del entorno siempre conflictivo y lleno de gritos de la madre para sacar la carrera – durante sus estudios reglados repitieron todos curso, y alguno parece que tal vez dos veces – sin que mediara el padre, desalojado de la vida familiar como "mejor le vino y convino" a la madre. El hijo, víctima real y perjudicado por estas situaciones que le rodean, intentaba compartir con su madre su pensamiento sobre cómo deben de ser las empresas para que los trabajadores estén cómodos y sean efectivos en el trabajo; pero la madre se apresura a cortar la conversación del hijo para señalar: Los trabajadores deben de estar “domesticados”. Y le contesta como si de una pregunta de concurso de televisión se tratara y así mostratara que lo “sabe todo”. No sé si esa respuesta la realizó a solo fin de desanimar a su hijo (después de haber trabajdo 11 meses en Vodafone en una segunda oportunidad, como teleoperador, y teniendo que renovar contrato mes a mes, en ena situación de competitividad extrema entre compañeros) o simplemente es que la madre, sencillamente, piensa así, y es esa su conclusión vital después de haber trabajado en la enseñanza de adultos práctiamente toda su vida - a propósito, ella nunca tuvo que aprobar una oposición para acceder a ser funcionaria; por aquél tiempo bastaba con sacarse la carrera de magisterio que luego, años más tarde, completaría con la de Geografía e Historia – y sin tener que realizar años y años de itinerancia por pueblos, como la mayoría de maestros, solo unos pocos – fue una comisión de servicios.
Cabría realizar un estudio y evaluación seria al respecto de lo que parece una “corriente” de pensamiento (que señala esta señora a su hijo) dentro del ambiente funcionarial (ambiente funcionarial que juró defender y hacer respetar la actual Constitución, pues la Administración está basada en su proceder en procedimientos reglados cuyo espíritu en el respeto a los esos valores debe respetarse en todo momento para que los derechos ciudadanos sean efectivamente respetados; y el corporativismo, cuando se da, pone en duda la limpieza de un procedimiento Administrativo).
Nuestros funcionarios son realmente respetuosos con el fondo de la Constitución (valores) pero tal vez queden residuos que solo se sujetan a las formas (porque las formas son exigidas en el procedimiento administrativo; y también están regladas). Es un rasgo que nos permitiría determinar si este tipo de afirmaciones que realiza esta señora están realmente ancladas en algunos sectores del funcionariado (sobre todo porque la Administración del Estado y las profesiones vinculadas con el propio Estado son muy transversales: abarca sanidad, servicios sociales, judicatura, fuerzas de seguridad, Administración General, Enseñanza…) y poder determinar si el corporativismo (o las actitudes puntuales corporativistas) están más extendidas de lo esperado (y poder evaluar a qué cuestiones de derechos civiles pudiera afectar en la ciudadanía) o si pudiéramos entender que solo es como un “virus” que afecta o aparece en la jubilación.
