Miguel Ángel Ibáñez Gómez - maiges_ps@hotmail.com

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viernes, 6 de noviembre de 2015

El TC consecuente con los principios Democráticos.



Difícilmente se podría haber previsto otra decisión diferente a la tomada por el órgano colegiado de Magistrados que protegen nuestro sistema democrático desde el ordenamiento jurídico, pues el respeto que muestra el Tribunal a las garantías constitucionales que son inherentes a un Parlamento Autonómico surgido de la expresión popular es un requisito de la separación de poderes que no parece conveniente franquear con medidas "preventivas" en razón a una previsible adopción de acuerdos contrarios a la Constitución, pues sería una limitación de sus competencias basada en una "intención" supuesta que no se ha concretado, por lo que no ha tomado cuerpo.
A los parlamentarios autonómicos se les presupone siempre lealtad hacia el Estado, pues es la configuración de ése Estado del que forman parte quien les otorga la capacidad representativa y les habilita dotándoles de seguridades jurídicas superiores al del resto de los ciudadanos cuando están en el ejercicio de esa función específica. Lo contrario sería una injerencia que prejuzga anticipadamente una decisión aún no tomada y que limita las atribuciones de representatividad en razones subjetivas que no han entrado en el proceso "reglado" que les permitiría adquirir la fortaleza jurídica; fortaleza jurídica que es plena si el TC no se opone a ella tras el recurso pertinente.
Los debates previos a cualquier resolución parlamentaria están en el ámbito de las ideas que aún no han tomado forma y cuerpo, ni han amanecido a la luz del acto jurídico, con todas las cualidades que protegen a estos e igualmente con todas las garantías que el Estado puede ejercer sobre los mismos a fin de preservar el interés común.
Esta concordancia con la Constitución es precisa para el mantenimiento de la coherencia jurídica que en definitiva es garantía de todos los ciudadanos del Estado.
El reconocimiento de las singularidades territoriales y culturales da origen a instituciones propias de cada parte del Estado, pero las mismas nacen del Estado común que somos todos y, por lo tanto, las competencias de esas instituciones se enmarcan dentro de la Constitución que representa la voluntad de todo el Estado.
Por ello, no se puede permitir que parte del Estado se separe del resto sin contar con la totalidad, por lo que para habilitar un derecho de tal naturaleza, habría que reseñarlo en la propia Constitución en la manera que el itinerario histórico de nuestro Estado considerara conveniente. Y en ello parece que el argumento previo sería la consulta del "todo" que permitiera, posteriormente, la consulta de la "parte". Y  en ambos casos debería existir un procedimiento que garantizara las mayorías cualificadas necesarias para ese fin específico.

Garantizar un derecho de esta naturaleza debería ser meditado en profundidad para determinar la legitimidad o no de dicho concepto jurídico dentro de nuestro ordenamiento y en caso afirmativo proceder a su regulación.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Por qué necesita Podemos de los servicios de un Ex-General


Últimas horas: Ayer, Pablo Iglesias rectificó y aseguró que respetará el tratado con la OTAN pero revisará los acuerdos con EEUU y someterá a referéndum la permanencia en la OTAN. El anuncio de la incorporación del Ex-General señala un claro deseo de ocupar el espacio Socialista en España. Por lo que la formación política parece alejarse del adverso escenario aquí reflejado, aunque no haya plena seguridad de ello.

Cuando el grupo de Podemos, bregado en asuntos vinculados con el devenir del chavismo, diseñó su primigenio plan para España aprovechando la crisis, dejaron claro su modelo político: No a Europa. Ello representa implicaciones que ya se han detallado en otros artículos por lo que no hace falta referirse a ello nuevamente. Pero en aquella ocasión todo, y creo que todos los comentaristas, formulaban sus apreciaciones en forma de preguntas a las que debía de responder ése partido de forma clara y rotunda con las implicaciones explícitas que esos cambios de postura traerían al país en sus vertientes económicas, sociales y de seguridad. Sin embargo cuando "entraron en detalles" de propuestas concretas todo el escenario de ensoñación política propuesto por Podemos se venía abajo de manera precipitada, por lo que iniciaron un proceso de rectificaciones continuas con el fin de hacerse aceptables al análisis riguroso y con ello a la opinión pública.
Pero esta decisión de incorporar a un Ex General del Aire parece resucitar las preocupaciones que la cuestión catalana empezaba a tapar (y de las que Podemos parece que estaba sacando algún rendimiento). Y las preguntas que nos formulábamos pasan  a tomar cuerpo de veracidad realista y las hipótesis que permitían observar a la formación política como un cambio generacional voluntarioso pero falto de referentes realistas parece necesario replanteárselo con el fin de iniciar un proceso de certezas que permitan ver cuál es la realidad del proyecto político de esta formación.
No cabe pensar que sus líderes estén fuera de la realidad política y social de una nación y de lo que representa el Estado y su ejercicio, al menos para aquellos que tuvieron participaciones decisivas en los procesos venezolanos y que forman parte de la élite de esa formación política. No se puede ignorar que sus experimentos sociales en aquél país han contribuido a generar y sostener un proceso político excluyente del que no parecen haberse arrepentido; y que a falta de otras referencias, no tienen otro modelo alternativo para el Estado español, y cuando faltan modelos se recurre a lo conocido. No cabría preocupación de no haberse producido el nombramiento del candidato que hoy se ha anunciado en Zaragoza.
Nuestro sistema democrático puede parecernos, ahora en medio de la crisis, deficitario, pero para visualizar si ello es transitorio o permanente habrá que establecer una hipótesis del escenario político que tendríamos con Podemos, y olvidando sueños, poner pie a tierra para vislumbrar el futuro que nos esperaría con esa formación política.
El modelo en el que estamos circunscrito reconoce el derecho a la propiedad privada como elemento esencial de nuestra sociedad. Con independencia de la desigualdad que la crisis agudiza en el reparto de la misma, la propiedad privada es sí misma es un derecho inherente a la persona y vinculado al libre mercado, y el libre mercado es un requisito de la paz internacional - con todas las carencias que puedan observarse y deban resolverse.
Pero aún así hay que considerar que el gesto militarista que exhibe Podemos en éste momento hace perder las esperanzas - aquellos que las tuvieran - que con su gobierno pudieran aumentar los derechos civiles de los ciudadanos, pues estando ante una situación de recursos limitados - muy limitados por la crisis - estos se verían mayormente limitados desde dos vertientes: Pérdida de Derechos Civiles obtenidos gracias a la pertenencia a la UE y pérdida de Derechos debido al mayor gasto en defensa - ambas circunstancias producto de la consecuencia de separarse de la UE. 


En primer lugar la UE da cobertura a los Derechos Civiles de los españoles, procedimientos incluidos en nuestro ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar aumenta nuestras posibilidades de sostener Derechos Civiles en razón a un menor gasto del Estado en materia de Defensa y Seguridad, por lo que esos recursos dejarían de estar disponibles para su uso en recuperar la mayor plenitud posible del bienestar.
La salida de la UE - visible, explícita y aireada en los discursos del líder de Podemos en el Parlamento Europeo - (y no sólo del Euro, sino de la zona OTAN) nos traerán los mismos perjuicios económicos que los estimados para Catalunya (nuevos aranceles y mayor encarecimiento de los productos y materias primas; con un encarecimiento de la vida diaria y un regreso a la peseta que haría huir a la iniciativa privada además de hundir la economía interna. A ello se sumaría la imposibilidad absoluta de pagar la deuda y el bloqueo de la UE a su condonación - al convertirnos en adversarios - con lo cual pasaríamos de aliados y socios a adversarios morosos.) y además deberemos incrementar los consabidos gastos militares en Defensa e incorporar el Servicio Militar Obligatorio - tanto hombre y mujeres - en un proceso social en el que el Estado se iría alejando de la defensa de esos Derechos Civiles en favor de la supremacía del propio Estado. Es decir, la capacidad de equilibrio que hoy en día existe entre el Estado y los derechos de los individuos, y que es garantizada por un sistema democrático plural, tendería a ceder en favor del Estado por la natural tendencia que adoptan los Estados cuando se ven obligados a priorizar las cuestiones de Defensa o Seguridad Interna, hasta el punto de encontrarnos nuevamente ante el peligro de un Estado autoritario (llamémoslo como lo llamemos) y gravemente empobrecido (aún mucho más).

Las necesidades de priorizar el Estado de Defensa es una condición implícita que se deriva cuando un Estado cambia su polaridad de alianzas. Las alianzas en España vienen determinadas por la posición estratégica que supone la existencia de su propio territorio (el territorio es un elemento inherente a la condición de Estado), y en consecuencia, por la evidencia de que ningún Estado es ajeno  a las decisiones estratégicas del Estado vecino, nuestro cambio de posición nos debilitaría al perder el respaldo de Seguridad de la UE y la OTAN, hecho que podría acabar estimulando la beligerancia de Estados hasta ahora amigos y el resurgimiento y agudización de tensiones limítrofes no resueltas.
 Sabido esto de antemano, la prevención natural de un grupo político cuyo objetivo esencial es un cambio de polaridad económico-política es la de preverse de los medios necesarios para preservarse como Estado ante las amenazas derivadas de su cambio de estrategia política. En consecuencia, la de prever un incremento en el gasto militar y una mayor adscripción de efectivos humanos que equilibre la desventaja ante aquellos países que pudieran ver el cambio de polaridad como debilidad en la escena política o una amenaza para sí mismos.
Aunque las normas internacionales pudieran haber superado gran parte de estas polaridades, por la gran interdependencia existente entre países, nuestro aislamiento nos haría perder ese escenario de seguridad internacional. 
Cabe pensar en la fuga de profesionales ante la caída de los niveles de vida (esencialmente la población lo notaría en la medicina) y el aumento de incidencias y errores de un Estado nacionalizado por necesidades de subsistencia, traería la censura en la prensa y en la opinión pública; Y el "delito" de opinión resurgiría como una figura contra la seguridad del Estado haciéndose preciso un aumento de la "seguridad" interna del Estado, que acabaría contemplando a gran parte de sus propios ciudadanos como adversarios. Ello sería ineludible, e igualmente expresión de la falta de Libertades Civiles para sus ciudadanos. Los adversarios políticos, desterrados a la oposición permanentemente, se acabarían considerando enemigos del Estado, por lo que las similitudes con Venezuela no vendrían por consecuencia de una mera imitación del modelo del Estado sino por una decisión errónea de "aislamiento" emergida de un programa electoral que pretende con ése aislamiento "mejorar" la situación de la sociedad.
Se buscaría un enemigo causante de dicha situación que ya se ha elegido de antemano: La UE (y EEUU); y una causa heroica que sostener como discurso interno y externo: Un mundo injusto generado por esos países, con una alternativa idílica - que no resiste análisis veraz.  
Nuestro papel internacional, de tener alguno, sería el de marioneta de una potencia beligerante y polarizada en medio de un "terreno ahora adverso": La UE.

Por consiguiente, no cabe pensar que el ascenso de una formación anti-UE en el escenario internacional actual tenga más alternativa de desarrollo que la expuesta; y ello se ha realizado en el mejor de los escenarios posibles: Sin injerencia externa.

Podemos ignora las causas que llevó a la necesidad de concebirse la CEE y parece dispuesto a ser un factor que - en vez de hacer posible una regeneración del pacto europeo - propone la repetición del adverso escenario que propició la necesidad de superar fronteras y amparar al resto de los Estados europeos.