El Procés

Normalmente, según se oye hablar a los especialistas en los medios de comunicación, cuando de un proceso penal se trata, suele ser preceptivo exponer o encontrar las causas y motivos que hicieron posible un concatenamiento de hechos o intenciones que derivan en un delito o crimen. Determinar el móvil o los móviles por los cuales una persona o conjunto de personas, son capaces de llevar a cabo un posible delito (en este caso un “sobresalto” que ha puesto los pelos de punta a todo el Estado) y conseguir señalar el “móvil” con alguna precisión y desde ahí atribuir las razones, y el conjunto de razones, que dan sentido y racionalidad por la cual se guían los “investigados” para llevar a cabo lo que, a priori, parece un claro y evidente desafío; por ello suele ser requisito esencial, para construir el relato que determinará la solidez de una sentencia, y por el cual se atribuirán distintas graduaciones de penas o la absolución de encausados. Sin embargo, en este asunto del Procés no parece que se vayan a contemplar las diferentes hipótesis que los propios independentistas parecían dispuestos a expresar (o inducir a hacer pensar) como motivo desencadenante y determinante (y que fueron objeto de debates en los distintos medios de comunicación en donde ellos mismos participaron o algún técnico en economía parecía amagar con señalar sin atreverse del todo) que intentaron exponer como causas que les hubiera llevado a posiciones de ruptura con el Estado expresadas por medio de la movilización de la población catalana en una reclamación, cuyo punto álgido fuera una declaración de Independencia no votada y “suspendida” – como quien amaga con provocar pero usa del cálculo para no situarse, plenamente, al margen de la ley aunque de esa impresión (no en balde parecen, o son, personas muy cualificadas y bien asesoradas en técnica jurídica y de imagen).

Los primeros indicios de esas causas de fondo por las cuales se podría prever el marco desde el cual se iba a establecer una potencial ruptura con el Estado, parecía vislumbrarlos en los medios de comunicación el propio Jordi Pujol cuando era señalado de haber constituido, su entorno, una especie de “mordida” en las actividades económicas catalanas. También a CiU se les habría señalado en el Parlament Catalá  como beneficiarios de una hipotética práctica corrupta estimada en un 3% de las obras que se adjudicaban. Se realizaron declaraciones en los medios de comunicación que se percibían como amenaza velada al Estado si se persistía en acosar a él y a su entorno sobre las sospechas de prácticas aparentemente corruptas; y algún economista catalán, parecía querer señalar una idea similar de responsabilizar al Estado de la propia corrupción en Catalunya, en la misma dirección de gravedad iniciada por Jordi Pujol, aunque el presentador del programa de la Sexta rehuyera entrar en eso que parecía una excusa, invitándolo a expresarse con datos concretos, y que parecía dar a entender que pretendiera justificar la propia corrupción atribuyéndola a una consecuencia del sistema democrático español; (de alguna manera parece que se intentara trasladar una compleja idea por la cual el catalanismo era ajeno a las prácticas de corrupción, pero no pudo sustraerse a ellas en contra de su voluntad (¿?)). Aún así, el especialista en economía catalán, intentó defender la legitimidad de los argumentos de discriminación económica que habían sostenido diversos políticos independentistas y que se percibieron no rigurosas, provocadoras o casi ofensivas por su falsedad. El economista señalaba todos los ámbitos sociales que quedaban en precario (por medio de formulas matemáticas y ratios más o menos complejos) y con escasez de recursos para ser atendidos eficientemente, que vendrían a respaldar o enmarcar el conjunto de razones “objetivas” que justificarían el slogan que el líder de ERC lanzara a los medios de comunicación señalando que “España nos roba”. La crisis económica hacía percibir, más adversamente, malas prácticas y abusos en la gestión, y también otros excesos que alcanzaron al entorno independentista, pero en cuya estrategia de defensa inicial parecía no ser otra que inducir a hacer pensar que estaban dispuestos a poner en marcha un “ventilador” donde más daño hiciera al Estado. 

La estructura generada y orientada desde la Generalitat para ir consolidando una idea identitaria se viene instalando, no solo en los entornos culturales y económicos (donde puede observarse como una estrategia destinada a potenciar la imagen de la propia economía e industria catalana para fomentar su expansión internacional) sino que empezó a entrar, de pleno, en el ámbito del propio devenir de la Historia de España, modificándola y proyectando, a la vez, una hipotética legitimidad territorial Histórica alternativa, comparable, en razón de equivalencia, con la legitimidad del Estado español a la que, posteriormente, adhiere otro mapa político/territorial donde viene a incorporar territorios de otras comunidades autónomas adyacentes, que alimenta una impresión - inquietante para la integridad de otras CCAA y de la integridad territorial del Estado español - de estar concibiendo y construyendo, desde el incipiente nacionalismo catalán, las condiciones previas - ambientales y sociales - que vendrían a instalar en la mente de los ciudadanos la legitimidad de una posible ampliación territorial bajo su influencia política con la denominación de Países Catalanes; dando cuerpo, por primera vez en la restauración democrática, a la posibilidad futura de concebir, o un nuevo ente territorial en el Estado español superior al ámbito autonómico y que se podría contemplar como proyecto de una nueva estructura político/territorial, intermedia, destinada a sumar reclamaciones económicas, culturales y políticas, que pudieran acabar rivalizando con la visión del Estado central – enmarcada en la Constitución - o, alternativamente, imitar en legitimidad lo reconocido para el País Vasco en la misma Constitución respecto de Navarra, pero fuera del ámbito de la Constitución (es decir, una ampliación del territorio que ahora configura la Comunidad Autónoma de Catalunya que engulliría a la Comunidad Autónoma de Valencia, de Baleares y parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, dejando para posteriores impulsos un área de supuesto devenir histórico similar en el sur de Francia).        

     La respuesta a la “evidencia” de corrupción en la gestión propia de su Comunidad Autónoma no llevaba a la ciudadanía  catalana a pedir responsabilidades a su propio entorno de dirigentes políticos, sino que por el contrario aceptaban (un cuarenta y tantos por ciento) la “estimulación” de concebir que los responsables de la corrupción propia era, de alguna manera, el Estado español (cuajaba la manera de “limpiar” cualquier pecado económico cometido en cualquier ámbito catalán que, de existir, aunque ya hubiera salido a la luz o pudiera salir a la luz en el futuro, cortaría de raíz cualquier escalada de reproches internos que pudiera poner en entredicho la limpieza y transparencia en gestión de la CCAA catalana) en lo que parece una estrategia de huida hacia delante de CiU (de la que parecían distanciarse algunos de sus históricos fundadores, al advertir la dimensión de la confrontación que se avecinaba con la aparente finalidad de no asumir responsabilidades propias), esta CiU se transformaba en PdCat para distanciarse de la adversa imagen generada por sus propias prácticas de corrupción, impulsando argumentos que se construían para trasladar la responsabilidad al Estado central, persuadiendo a la población de esa veracidad que les otorgaba un motivo justificado – que podría visualizar al Estado central en perverso – que legitimaría la reivindicación  separatista e independentista respecto de España.

Esa idea de que “España nos roba”, construida con un conjunto de datos numéricos - que fueron desmontados uno a uno por el luego Ministro Borrell (incluso en un cara a cara con Oriol Junqueras) - conformaba el argumento económico sobre el cual se pretendía sostener, en la ciudadanía catalana, la pérdida de oportunidades de progreso, desarrollo y bienestar de los catalanes. Reforzaba, la tesis, la existencia de una afrenta permanente e histórica de España hacia Catalunya, primero buscando en el pasado inmediato (bajo la gestión del PP) cualquier tipo de adversidad que reforzara dicha percepción, constituyendo y construyendo desde ahí el agravio esencial: la rectificación del TC sobre el Estatuto Catalán promovida por el Gobierno Conservador (aunque el Gobierno del PP, de Mariano Rajoy, pusiera en evidencia la falsedad de dicha afirmación como punto de desencuentro que diera lugar a divergencias políticas irreconciliables, pues los nacionalistas catalanes habían llegado a acuerdos en otros asuntos posteriores con el Gobierno Central; señalando, así, que lo que sostenían los ahora independentistas era un relato construido a posteriori para favorecer su causa y la legitimidad de la misma ante los ciudadanos catalanes y europeos).    

     Surgía un reproche hacia ERC por parte de los Socialistas en el parlamento español; resultaba obvio que ERC se disponía a proteger a un partido conservador catalán que había usado la corrupción como solución de financiación y que dicha sospecha alcanzaba a la familia de quien fuera insignia del catalanismo burgués durante los últimos cuarenta años. La lógica contrariedad parecía contener una evidencia política que parecía incongruente ignorar y que expresaba la pérdida de la oportunidad que se le presentaba a ERC para acceder al gobierno de la Generalitat y construir una política progresista, pudiendo destinar sus esfuerzos y potencial político a instaurar una gestión económica plenamente honesta, liderando la Comunidad Autónoma Catalana, durante un prolongado periodo de tiempo gracias a una percepción de integridad gubernamental, constituida desde una visión de centro-izquierdas o socialdemócrata que, consecuentemente, no cuestionara la integridad de España, sino buscara el progreso de la economía y la sociedad catalana dentro del marco constitucional. Sin embargo ERC no ve un camino claro en esa dirección (el relato que se construye sobre el desencuentro con el PP calaba en el entorno catalán limitando la percepción de libertad de movimientos en ERC) renuncia a esa oportunidad política y la sacrifica liderando un relato populista en los medios de comunicación (propio de visiones extremas) lleno de lenguaje exasperado, que favorece la polarización de la sociedad catalana. 

Parece que algunas personas conciben la política como un entorno, en el cual, es “legitimo” mentir o sostener un discurso falseado que no admite “contraste” si las razones finalistas están justificadas. Es como si se concibieran que adquieren una autoridad moral, de tal naturaleza, que permitirá el uso de “herramientas” de esa naturaleza, donde, nuevamente, el objetivo justifica los medios. Ello llama la atención en un partido como ERC, que se dice estar y hallarse en el entorno de la socialdemocracia o el socialismo democrático catalán. Los excesos de esta naturaleza (las que portan exageraciones extremas) parecen aceptar como vía legítima la idea que pareciera sostener Jordi Pujol o CiU para exculparse de la propia corrupción de su entorno, o la que sugiere estar detrás de la declaración de Artur Mas al referirse al problema catalán, evocándolo como causa de la pasada Guerra Civil española, y que sonó a ultimátum al Estado Central. 

Sin embargo, no parece que exista, en esos argumentos que pretenden ser exculpatorios de su propia corrupción, un espejo aceptable que lo confirme y que se verifique en otros ámbitos del Estado, pues el propio PP ha venido pagando el precio de la corrupción – primero con condenas en los tribunales, de las cuales aún parecen quedar procedimientos jurídicos por resolver, y más recientemente con la pérdida del Gobierno por una moción de censura derivada de una de esas sentencias culpabilizadoras. En otras Comunidades Autónomas, donde parece haber existido alguna práctica ilegítima en la gestión, se ejerce la actividad de los Tribunales para determinar las responsabilidades y la naturaleza de las mismas. Y si intentáramos buscar un “espejo” lo más simétrico posible con las reclamaciones de identidad histórica en Catalunya, como el País Vasco, nos encontramos que dicho pretendido “implícito exculpatorio para corromperse” ni se dio ni se escenificó, no viéndose ni en los Lendakaris ni en los sucesivos Gobiernos Vascos, ni enriquecimiento personal de sus fortunas ni prácticas de corrupción, como las destapadas en Catalunya, que se pretendieran justificar apelando a razones similares. El aislamiento y alejamiento de quienes hayan podido realizar prácticas de corrupción se gestiona, en la actualidad política española, como una prioridad ineludible en el seno de cualquier partido político. 

 Las licencias oratorias que se permiten en los debates políticos difícilmente se aceptarían en otros ámbitos por lo cual, a pesar del conjunto de críticas, adjudicación de responsabilidades adversas, la utilización de sospechas, o directamente las acusaciones de fraudes o ilegalidades que las distintas opciones ideológicas pudieran reprocharse en los propios debates dentro de los órganos democráticos o en el entorno de los medios de comunicación o incluso en los mítines o en campañas electorales; todo ello se concibe configurado no siempre de manera tan literal como simbólica y forma parte del debate político cuya misión parece ser contrastar la solidez de las razones, argumentos y convicciones que sostienen cada uno de ellos. Por todo ello es difícil determinar cuándo en el debate político se habla con fidelidad a hechos concretos y demostrables fehacientemente o se hace referencia a sospechas que carecen de esa confirmación comprobada pero que por el temor a que se hagan realidad, se muestran como reales y efectivas en todos sus extremos; asumiendo los costes políticos que pudieran derivarse de una actuación que parece que aplica un “principio de precaución”, a veces de manera extrema o sobreactuada por concebir una desconfianza nítida en un Gobierno respecto de algún asunto concreto. La autoridad política que asume la función de responsabilidades de Gobierno o de Gestión, se halla asesorada por un entorno jurista y técnico - especializado en los distintos ámbitos en los que la Administración tiene competencias – y suelen mediar informes técnicos o jurídicos que explicitan la medida o medidas convenientes adoptar, o el camino o procedimiento a seguir, ante cualquier situación que exija, obligue o determine una toma de decisión de la Administración.  Por lo general, este tipo de informes suelen concluir con una frase que señala una supeditación, que parece no solo obedece a razones jerárquicas sino también de diferente percepción que se ostentara de la responsabilidad política y que pudiera mejorar la ofrecida técnicamente desde la propia Administración. Es un margen de maniobra que rara vez se apreciara como conveniente de asumir, salvo situaciones que resultarían excepcionales y que en ello se concibiera consenso.

Los controles de la justicia, por ello, suelen ser posteriores, cuando ya existen indicios o sospechas fundadas de haberse cometido un delito;  pues los preventivos se basan en el respeto y la correcta interpretación de las normas vigentes que regulan toda la actividad de la Administración (y, aún así, se generan situaciones de interpretación, más o menos forzada de las normas, como las señaladas recientemente en EEUU respecto de la utilización de fondos para crear un muro fronterizo). La generalidad de las personas que conforman el espacio político realizan tareas de gestión desde la vocación política de servir a unos valores y a unos principios adquiridos desde la experiencia vital personal y desde el compromiso con la sociedad que les vota.  

La cuestión previa a los acontecimientos que dieron lugar a los hechos que se juzgan en el TS, parece que no serán objeto de la Sala – al menos en esa dirección va la línea de evitar politizar el juicio y dedicarse, exclusivamente, a la existencia, o no, de las condiciones y requisitos que permitirán determinar la concurrencia de los delitos que se imputan – por lo cual, lo que se podría llamar móvil real (al menos los que parecen sustentar lo que hace posible el desencadenamiento de hechos por los cuales son juzgados todos los procesados) parece que no será motivo de análisis jurídico – aunque quede, tal vez, formando parte del "ambiente" no explicitado que dará origen a la sentencia - puesto que los delitos que se “descubrieron” - y que parecen ser razón genuina de lo acontecido posteriormente en la sociedad catalana - son juzgados en causas diferentes como conductas infractoras o penales particulares y, salvo que los Historiadores profesionales - cuya misión es construir el relato, o una sucesión de hechos probados de nuestra Historia contemporánea, se vinieran a coincidir en una única perspectiva que los telespectadores pudieran percibir, en su momento, desde los medios de comunicación – coincidan, unánimemente, sobre las causas de este desafío al Estado; sin embargo, suele suceder de manera bien diferente, según sean las perspectivas con que se defienda la integridad de España, o las distintas visiones con que en Catalunya defiendan la “legitimidad” del Independentismo, o de cómo, a la definitiva, se perciba en Europa el juicio que se sostiene en el TS y el relato que sobre todo ello se realice (sin olvidar que España siempre ha tenido rivales históricos en Europa y que la misma opinión pública europea sostiene un criterio sobre maneras y formas que puede acabar siendo contrariado por cada Estado que lo compone en razón de unos intereses coyunturales propios o Históricos respecto de España o de sus intereses particulares del momento).  Mientras tanto el Ministro Borrell advierte que en el extranjero los independentistas catalanes están intentando establecer una nueva “leyenda Negra” sobre España; la preocupación que expresa el Ministro de Asuntos Exteriores induce a pensar que, a pesar de los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de sus diplomáticos para sostener la legitimidad del criterio español, algo de acogida inesperada y preocupante tiene el discurso catalanista.

Ese móvil que da lugar al conflicto catalán, que parecía evidente, en principio, sobre el verdadero origen del distanciamiento de la Generalitat de España, y cuya evolución da origen al juicio que concluirá en primera instancia en el TS, experimentó un vuelco, girando desde la perspectiva de obvia corrupción económica para alcanzar, de pleno, el ejercicio de la política. Para ello los independentistas se han ido remontando - en su aparente propósito de justificar la corrupción en la que se han visto atrapados - hasta los orígenes de la Democracia del 78 y de la confrontación del 36 - sin ignorar otros impulsos de similar naturaleza ocurridos en el pasado remoto que les lleva al siglo XVIII – y por medio de dicho argumentario, parece que concibieron, con éxito, la posibilidad eficaz de poder evadir el desgaste político de enfrentar las causas reales y objetivas de apropiarse de recursos públicos y se han visto "llevdos” a impulsar, de manera determinante, su proyecto independentista. 

La estrategia que concibieron los independentistas, destinada a remover los miedos y fantasmas más recónditos de la sociedad española resultó efectiva, hasta el punto de conseguir unas imágenes que nunca se debieron producir, y parece que dieron la vuelta al mundo; y parece que vienen a constituir el estigma gráfico sobre el cual fundamentar esa nueva leyenda negra sobre España. A veces pienso que, aunque se supiera que ese era el objetivo esencial de todas esas movilizaciones independentistas, siempre existe alguien, en algún punto o lugar esencial que acaba convencido de que la expresión de la autoridad debe de llevar aparejada una expresión coactiva violenta que se debe de expresar. Y se expresó en el día y en el contexto más desafortunado para la imagen de España.


Para complicar aún más la situación, aún sin llegar al pleno poder, aparece Vox. No se debería descartar la capacidad de influencia que podría llegar a alcanzar en la opinión pública (si no se llega a un acuerdo a tiempo, sobre la solución de los problemas propios que configuran la estructura de nuestra Estado y  visiones “de legitimidad” que gravitan sobre él) presionando desde ese “sentido común” que sigue existiendo, que a veces se expresa expeditivamente (sin medir, ni meditar, en las consecuencias colaterales y transversales de tomar decisiones aparentemente simple y sencillas; pues esa existencia radical implica, de alguna manera, el resurgir y la evocación de una figura autoritaria y “perfecta” en el imaginario de la gente que nunca conoció el franquismo, y que lo conciben como “un ordeno y mando” que todo lo resuelve; y que si existen consecuencias colaterales, por muy graves que fueran esas en sus efectos, las responsabilidades son de “otros”, no propias) y que parece que nace como respuesta al inicial éxito de la estrategia de Podemos (en maneras y formas) y bajo las mismas premisas populistas y transversales que definieron la estrategia de ese grupo de izquierda (cuyo nacimiento pudiera ser consecuencia, tal vez no única, de la expresión “golpe de timón” con la cual la izquierda-izquierda también concibiera una estrategia con la que alejarse de la conmoción que generaba en la sociedad la visibilidad de prácticas y abusos destapados, y recuperar el espacio de “principios y valores”, que la crisis pudo poner en duda, y que parecía evocar al formato de República). Pero para complicarlo más aún, viene a resultar que los grupos de extrema derecha también habían venido adoptando la idea de República, ante la clara vinculación de la Corona con la Democracia. De alguna manera el compromiso del líder de la extrema derecha reconociendo al Rey pudiera verse como cierta garantía para la Democracia, y sin embargo se ha de ser consciente que ese espacio político contiene un componente de fondo republicano que la excluye. 

Se puede percibir, de alguna manera, en este entorno de polivalencias, una volatibilidad del voto ya señalada por los especialistas; sin embargo, en la trayectoria de la Democracia en España se pueden buscar los aspectos a analizar para visualizar los ámbitos donde se pueden hallar más estabilidad. 

 Podríamos convenir que los Conservadores españoles se percibían desconfiados de cómo se había configurado la Democracia cada vez que los fantasmas que hicieron posible la Guerra Civil se vislumbran de alguna manera u otra (ello se percibió Alianza Popular desde el primer momento en que se tuvo que votar la Constitución en un ambiente donde se aseguraba que el reinado de JCI sería denominado “El breve” y en un marco de estructuras democráticas del Estado evocando  la misma República con la recuperación de los Estatutos de Autonomía para Catalunya y el País Vasco - y, en consecuencia, “previendo temores y problemas” sobre los cuales se argumentó, a la definitiva, el Golpe de Estado y la Guerra Civil. Ello es algo que se les reprocha cuando, en el enfrentamiento de pareceres y procederes políticos coyunturales, les recuerdan su dubitativo compromiso inicial con la Democracia e, indirectamente, que el peso y esfuerzo del desarrollo democrático ha sido sostenido (una vez desaparecido Suarez), esencialmente, por Socialistas y que no existe ningún otro partido en el actual Parlamento que haya defendido, venga sosteniendo y sostenga un compromiso tan expreso y decisivo con la Constitución, desde sus inicios hasta el presente, como lo ha venido expresando de manera constante los Socialistas en cualquier circunstancia, incluidas aquellas adversas que le pudieron significar un coste electoral. 

Esa visión que se pudiera considerar “agnóstica” o incluso “atea” (en algunos casos) de una parte de los Conservadores respecto de la Constitución les llevó a ocupar una posición política, hace cuarenta años, que amparaba aquellas “percepciones” que existieron y que tenían dudas sobre la viabilidad de una Constitución que generaba un giro tan determinante, como portador de vértigos, por recuperar el escenario de marco político y de estructura del Estado de la República; y sin embargo, la figura de JCI hizo posible que la Constitución funcionara y también se produjera la aceptación de los Conservadores de ese marco del Estado configurado durante la República y concretado en la Constitución de 1978 con una Monarquía Parlamentaria.  

La Monarquía, con JCI, hizo posible que el camino y trayecto hacia la Democracia en España fuera una realidad, y también hizo posible que los temores que evocaban los fantasmas de la Guerra se fueran conteniendo y disolviendo, creando un marco político que “de facto” constituía la forma republicana en España – con los valores republicanos sostenidos desde la Constitución – bajo el compromiso personal, del propio JCI y de la Corona, que garantizaba, consecuentemente, el control y la sumisión plena de poderes fácticos al orden constitucional y a su papel en la Constitución, del cual, el garante máximo era el propio monarca  y, por ello, vinculando su reinado y el proyecto de la Monarquía con la propia Democracia. Lo que parecía imposible de concebirse en el Estado español se hizo posible; la República habría llegado en forma de Monarquía y garantizaba la Democracia (la cuadratura del círculo). De ahí, que la Monarquía se acabara convirtiendo en objetivo de alguna tramas (conspiraciones del 1982 y 1985); se percibió como el obstáculo esencial que impedía cualquier involución. De alguna manera no es de extrañar que también se busque señalar como obstáculo para cualquier revolución (y más cuando cualquier forma de revolución se reivindique para "no asumir" la corrupción).