Las grandes empresas, el Estado y los ciudadanos.

             Es importante que sepamos que la riqueza del país y nuestro bienestar social dependen, en gran medida, de nuestra actividad empresarial y por tanto de nuestras industrias. Donde se encuentra las industrias hay empleo, estabilidad social y riqueza que se expresa en la multitud de servicios que se dan a la sociedad a través del Estado. Sin embargo, es común observar cómo la relación de las empresas con los ciudadanos ha decaído en calidad hasta llegar a un estado de bronca generalizada. En etapas anteriores, el Estado, y sus normas, que regulan las relaciones entre las empresas y los ciudadanos, exigían de las empresas la garantía de la prestación de servicios y bienes; de manera que eran las propias empresas las que debían asumir los fallos y errores que se produjeran como consecuencia de su actividad empresarial. En ese sentido, eran las empresas las que debían prever y subsanar las consecuencias negativas de sus relaciones con los ciudadanos. Ello ha cambiado notablemente. En la actualidad son los ciudadanos los que deben sostener la causa de la prueba (aunque carezcan de conocimientos para ello). Los excesos de las grandes empresas (y la dependencia que el Estado tiene de ellas) hacen casi inviable una relación contractual equilibrada entre consumidor y gran empresa. Los abusos aparecen por cualquier lugar. Una sencilla reclamación te cuesta dinero. Y la prepotencia de estas grandes empresas no encuentra respuesta en las instituciones que deben regular esta actividad. Hasta las oficinas de reclamaciones parecen carecer, ya, de función efectiva.