Justicia paralela en España ? o una Herencia centenaria que subsiste?

Recuerdo cómo en la transición, entre las series televisivas que expresaban el cambio social al que nos encaminábamos – con mensajes de esperanza destinados, en especial, a la emergente clase media - emitidos en el momento de mayor recogimiento de los hogares españoles (después de la cena y de la emisión del Telediario de las nueve de la noche), cuando la jornada laboral concluía (con sus reiteradas rutinas cotidianas que parecían señalar que, aunque los tiempos cambiaran en las alturas del Estado, a la postre todo seguiría igual…).

Aún había temor, e incluso el convencimiento, de que en lo esencial, en lo de cada día (trabajar, hacer el hogar y la compra, los niños en el cole, el pago de las facturas, el llegar a fin de mes, las gastos imprevistos, el ambiente social, acceder a un piso…) no cesaría de existir esa visión elitista que descendía, desde arriba, desde las élites, hacia la gente común, invadiendo sus vidas y señalando que la “perfección” (los perfectos) nunca pasaban por penalidad o desgracia alguna. Así se mostraban los que estaban en lo alto de la cadena económica, política; y también les emulaban en maneras y formas quienes aspiraban o se sentían en esa misma dignidad de estar en sintonía con el régimen. Así que, después de tantos años de pretendida “perfección” - que a todos señalaba como causas de sus males a sus propios errores o asnal ignorancia – humillando (y a la vez negándole el acceso a la información y a la formación) haciéndoles rehenes de una especie de “tutor” (de alguien que tuviera mano) para cualquier paso que quisiera dar para alcanzar cualquier derecho que se pretendiera obtener - y cuyo procedimiento no era otra cosa que ir “suplicando una gracia” a la perfecta autoridad – siempre, de alguna manera, vinculada con la divinidad -, en cuyas manos deberían poner sus destinos. Difícilmente se podría concebir que las costumbres que se habían establecido durante el franquismo y la dictadura cedieran para convertirse en permeables a un sistema democrático donde todos “seríamos iguales”.

Detrás de aquellas personas, de sus maneras y formas, existiría siempre un derecho legítimo y “superior”, pues ellos instauraron el nuevo “orden social” (que ganaron, para sí mismos y para sus familias, mediante una rebelión sangrienta – con el acuerdo de gobiernos internacionales, tanto democráticos como dictatoriales – que se prolongó durante tres años, haciendo posible durante ese tiempo de guerra manifestar, de facto, los rasgos, las maneras, la naturaleza y la condición del propio “nuevo orden” que nacería con el amparo y reconocimiento internacional (que a la postre resultaría definitivo y asentado – pese a las escenificaciones de repulsa contra el régimen franquista; pues otros regímenes de similar naturaleza sobrevivían en el Mediterráneo). Ese orden  se mantendría sobre una generación (y sobre sus hijos) mediante el recuerdo de las bestialidades o tragedias vividas en las propias familias, y, consecuentemente, la “perfecta” jerarquía, donde los intereses económicos, religiosos y políticos impuestos por el régimen siempre prevalecerían sobre cualquier otra reivindicación de derechos y libertades de la incipiente clase media (clase media emergente que venía huyendo de una posguerra llena de miseria, mentiras y secretos, yendo a parar a los barrios más humildes o a los arrabales de las grandes ciudades, constituyéndose como mano de obra, o de servicio domestico, dispuesta a trabajar de sol a sol, en la ilusión de escapar, definitivamente, de la pobreza y/o de los recuerdos y traumas familiares ocasionados por una irracional guerra de la cual, el argumento esencial que se manifestaba ante cualquier pregunta sobre un familiar desaparecido fuera: Murió en el frente, lo encarcelaron, se lo llevaron una noche, lo fusilaron…¿Por qué?: por sus ideas; y ya no se podía preguntar nada más, como si tener ideas fuera uno de los peligros más graves que cualquier persona en España pudiera cometer… ello, parecía ser, costaba la vida).

Los intereses de esa élite (económica, religiosa y política) se ejercían sin más oposición que las propias posibles rivalidades existentes entre ellos mismos. La iglesia, cuando emergía como consejera de las clases humildes, lanzaba el mensaje de la resignación a la voluntad de Dios, de que la obra de Dios es perfecta y es el hombre quien la estropea (más resignación) y sobre todo el deber de cumplir cada día con la bendición que Dios nos había dado de tener un Caudillo (pues todo podría haber sido peor para España), y consecuentemente habría que ser sumisos y humildes con todo lo que cayera encima (crisis económicas, asumir culpas o errores de otros, desempleo…)… pues, de alguna manera, en la inmadurez, en nuestra ignorancia, todos éramos culpables de ese desastre que fue la República y la Democracia (democracia para la que el pueblo español nunca estuvo preparado, nunca dio la talla y Franco de ello nos salvó). Sobre llevar las adversidades de ser referente Universal de buen gobierno (envidiado por judíos y masones de todo el mundo) era un claro ejercicio de virtudes que serían premiadas (en último caso, ascendiendo nuestras almas a los cielos), al fin y al cabo este mundo es mundo para la penitencia y de ella dependería nuestra salvación. La admonición de, sobre todo, reconducir con energía, y expeditivamente, siempre a los hijos (por medio de la violencia si fuera preciso y que era conveniente y recomendable, pues sino el diablo anidaba en ellos) se extendió como práctica y medida “preventiva” de adhesión y sintonía con el principio de autoridad (tanto si se fuera adicto al régimen como si se fuera opuesto al mismo; el deber del patriarca familiar era implantar la obediencia y la sumisión a su voluntad, pues ello otorgaba dignidad y las simpatías del régimen); no ceder a la tentación de “usar del matrimonio” si no fuera para tener hijos (castidad, sobre todo castidad) era la penitencia propia a nuestras inclinaciones animales, estimuladas por el demonio; y sobre todo servir a las voluntades de los de arriba (pues era la voluntad de Dios) y se debía acatar por amor a Dios y a Franco (nuestro salvador), pues nuestra recompensa siempre sería, en último extremo, llegar al Cielo y estar con Dios y con Jesucristo.   

Quedaba claro, en nuestra sociedad, que los únicos derechos que se podrían poseer como personas eran “concesiones” generosísimas realizadas por quienes habían adquirido el pleno poder sobre nuestra Tierra: España. El derecho de las personas eran concesiones que podían ser retiradas y con ello ser desposeídos e incluso perder el derecho al respeto a la propia condición humana que todos representamos. Y ese derecho lo podía quitar arbitrariamente, y en el acto, tanto un político, un juez, un miembro de la Iglesia o cualquier otra autoridad reconocida como garante o esencial para el régimen y su “nuevo orden”. La misión espiritual era la de salvarnos a todos y, en ello, poner todos los medios posibles al alcance, pues más allá del bienestar en la propia vida (para los de abajo, para el pueblo llano) estaba la misión de la salvación de sus almas como misión principal del Estado (pues esa alma era inmortal y se pondrían los medios oportunos y necesarios, de toda índole – y aunque ofendiera cualquier sensibilidad humana - para que llegara al Cielo). 

Nunca consideré que Dios precisara de violencias, guerras, torturas, asesinatos… para que se cumpla su proyecto sobre el Ser Humano. La inteligencia Universal a todos ampara y promueve por igual el sentido común, el bien hacer y parece que sólo es necesario “dejarle actuar”, “darle cabida” y permitir que sus soluciones nos lleguen como agua bendita. Parece que siempre se apela más a la visión del Viejo Testamento (más vinculado con posiciones intolerantes y expeditivas) y se ignora el Nuevo (vinculado con el Amor, el conocimiento, la tolerancia y la fe en la acción del proyecto divino sobre cada persona) cuando se pretenden justificar actitudes expeditivas y violentas, para justificar acciones de “rectificación” pese a que todo el occidente económico esté vinculado con el cristianismo.

En una vivencia de 40 años de esta experiencia autoritaria (dictatorial y con respaldo de facto de las democracias internacionales) era difícil que el mensaje de la Nueva Etapa de retorno a la Democracia calara en el ánimo de millones y millones de familias que aún tenían el recuerdo de una brutalidad ejercida (detallada previamente por Mola) que para nada recordaba el mensaje de amor del Cristianismo, aunque se hubiera hecho, a la postre, en nombre de Dios.

La serie “Curro Jiménez” trasladaba a las familias la idea de una posibilidad de justicia que podría llegar (después de lo vivido); la dignidad habría consistido en resistir cuarenta años y poder hacer, por fin, justicia ante los siempre enemigos de la gente humilde: La codicia de puntuales poderosos avaros, y justicia sobre sus lacayos y fieles servidores dispuestos al crimen en cualquier momento; sobre las fuerzas represoras (ya fueran del interior o extranjeras). Cada noche lo mejor del carácter español, la mejor nobleza, los mejores razonamientos de justicia, penetraban en los salones oscuros, sólo iluminados por el resplandor del tubo catódico de la tv para transmitir ese mensaje (además también se constituiría, probablemente, en un mensaje claro y sencillo de que el líder del pueblo (Curro Jiménez) cabalgaba cada semana en pos de restablecer la dignidad allí donde aún permanecían los tiranos y los déspotas de todo tiempo). La democracia se impondría día a día ante aquellos que no concebían más justicia que la suya propia y las de sus intereses particulares.

Sin embargo, era “Crónicas de un Pueblo” la serie que traía la moderación, la reflexión positiva, la transparencia y el sentido común en las decisiones para la búsqueda del bienestar social por medio de la resolución pacífica de los conflictos. El Alcalde, el Médico, el Cura, la Guardia Civil… ya no jugaban la partida en el bar, después de comer, con el fin de determinar si el castigo expeditivo sobre tal o cual se debería de llevar a cabo inmediatamente y con la mayor discreción posible (una vez agotadas las convenientes vías de coacción, pues a la coacción no todos ceden; hay quienes tienen principios, convencimientos y/o valores, y los sostienen ante las coacciones - como dicen las sentencias de los jueces cuando las personas alegan coacción para justificar haber actuado de una manera u otra). Todo desde la discreción y, a la vez, desde la convicción anidada en los propios habitantes (por pura experiencia inter-generacional, que se transmitía de padres y madres a hijos) de que un desafío, o incomodo, a la autoridad supondrían, tarde o temprano, una respuesta expeditiva de esta sobre el “rebelde” (tuviera o no razón en su queja, fuera o no fuera legítima) cuyo alcance y dureza podría llevar, incluso, no solo a padecer males y contrariedades de todo tipo, sino a la misma muerte del desafiante.

El mensaje de una nueva manera de gestionar los problemas (los de todos y los particulares que afectan a la convivencia) de un nuevo Alcalde que ya no responde ante un régimen impuesto por el terror, sino que mediante su sabiduría personal, esa que se adquiere en la experiencia de la vida, es capaz de determinar la mejor solución para cada circunstancia – definiéndose, así, el mejor modelo de gestor político que llegaría con la Democracia (eso sí, con el mismo entorno de autoridades de “siempre”, de toda la vida: El Médico, el Cura, el Maestro… como testigos de esa sabiduría y buen hacer) tolerante y haciendo tolerantes a todos los miembros de ese “consejo” informal (el consejo del guiñote, del mus o del dominó). Se señalaba, de esta manera, el inicio de misma Transición que nacía en lo más alto del Estado y descendía amparando a todas las ciudades y hasta el pueblo más humilde de la España de los finales de los 70, señalando el valor de la sencillez que porta el “sentido común” como la herramienta más cercana y eficaz para que todas las familias pudieran entender esa nueva etapa y transitar, llegar y permanecer en la naciente Democracia.

Era el camino que nos señalaban, a todos, desde la TVE y, por ello, lo que todos esperábamos que sucediera en la práctica, sobre todo los más jóvenes. La pregunta es: ¿Sucedió ello en realidad?

Cabe hacerse esa pregunta por varios motivos; el primero porque era obvio que quienes habían organizado esa cruzada del 36, lo habían conseguido con apoyo internacional (tanto de democracias como de las dictaduras entonces imperantes).

(Servicios Secretos de Inglaterra, pasividad de facto y maltrato a los exiliados por parte de Francia, apoyo militar de Alemania e Italia) contra el pretendido comunismo español (irrelevante en ese momento, pero estimulado por los propios rebeldes – y sus aliados internacionales - al negarle el derecho de legítima defensa a la República, obligándola a comprar armamento de la URSS y a la imposición de sus comisarios políticos. Lo que señalaría la verdadera dimensión y la multitud de intereses internacionales que convergerían y dando a entender la magnitud de la planificación de un proyecto de rectificación sobre España que excedería, con mucho y en mucho, lo previsto por Mola y por los militares impulsados a alzarse), y que pudiera ser el pretexto para constituir en España no solo un Estado neutral que garantizara una retaguardia y un paso por el estrecho, sino su exclusión, definitiva, o por largo tiempo, del concierto internacional (los únicos comunistas existentes eran los llamados comunistas libertarios – Anarquistas -, incapaces de hacer una revolución que pudiera triunfar en solitario) ante la inminente Guerra Mundial que permitiría dirimir el liderazgo real en la nueva época mundial, simplificando el número de Naciones actoras (toda Europa continental fue excluida del “nuevo orden” impuesto por los anglosajones – EEUU e Inglaterra – aceptando como antagonistas a la URSS; la posición de Francia casi era simbólica) en el concierto internacional, reduciéndolas, si fuera posible (más adelante), a una sola nación que señalaría al resto el camino correcto del progreso mundial. (no era una idea nueva, ya en el pasado, parece ser que los Reyes Católicos intentaron una acción similar, y también otro rey español Felipe II buscó el mismo proyecto; la justificación para erigirse como rey Universal era una muy sencilla: La razón de la Fuerza; el más fuerte tiene la razón, por el hecho de ser el más fuerte). Si la razón de la fuerza era el mejor argumento a emplear para resolver discrepancias, las nuevas potencias usarían de dicho argumento, dispuestas a defender su criterio por medio de Guerras y conflictos ante cualquier Nación, o coalición de naciones, que la pusiera en duda. Así nos hemos pasado siglos y siglos; mientras estuvieran las naciones en la cúspide; la razón sería la de la fuerza, y cuando fueran derrotadas o desbancadas se apelaría al Glorioso (y añorado) pasado imperial y los bienes, y dones, que supusieron ese imperio para la sociedad de la época y para la Humanidad en general.

Y en segundo lugar, porque fue un Estado que, después de ser “convenientemente” humillado y pasado por hambre y escasez – también acordada internacionalmente - fue respaldado formalmente por la mayor y más poderosa democracia mundial (EEUU) y, consecuentemente, reconocido en organismos internacionales como la ONU. Por tanto, EEUU, reconocía implícitamente que había cumplido un papel en su momento (de interés internacional: Lucha contra el comunismo) y, de facto, su economía había crecido y desarrollado tanto en el ámbito industrial, como de comunicaciones, en tecnología, como de servicios (convirtiéndose en un punto de convergencia del turismo – previsto por EEUU al poco de acabar la Guerra y mostrada esa voluntad en las películas que promocionaban lo típico de España mediante las grandes estrellas norteamericanas del momento. El cine se convirtió en una forma de mostrar la “voluntad” de EEUU respecto al camino económico y político que seguiría, y debería seguir, España). Consecuentemente, salvo las formas del régimen, todo funcionaba “perfectamente” en España a los ojos del resto de Estados: Para unos, se otorgaba directamente la razón a la cruzada (el problema fue la gente, los obreros, sus deseos de derechos, igualdad y bienestar; y una guerra contra un Comunismo Internacional – comunismo que hubo de construirse aprisa y corriendo para adecuarse al guión establecido en el proyecto internacional de restructuración para España, en el que no cabía la excusa del comunismo Anarquista; habría que sintonizar con el mismo enemigo previsto para el resto de Europa: El Comunismo de la URSS, para así poder converger en el futuro con la propia Europa y con la visión anglosajona). Para otros la causa era el inaceptable carácter español, capaces de matarse entre ellos antes que buscar soluciones, como hacía la gente civilizada en sus países (así se conseguía una estigmatización ya no solo del régimen de Franco, sino de los españoles en general, que parecía una nueva oportunidad de revancha que no dejarían pasar). La muestra de la oscuridad de ese carácter español que debiera presidir el pensamiento colectivo occidental se mostraba en la película “Por quién doblan las campanas” donde Gary Cooper (haciendo de Inglés), mostraba a la Democracia española (encarnada por Ingrid Bergman, violada y ultrajada y en manos de oscuros rostros comunistas) y que su sacrificio  traería un futuro de esperanza.

Ninguna referencia al nazismo y los efectos causados en los propios Estados invadidos por ellos (dividiendo a la sociedad entre colaboracionistas y patriotas) todo ello fue resuelto eficazmente cuando se restablecieron las democracias (nada se hablaba de los apoyos financieros que recibieron; quienes los promocionaron; quienes los apoyaron; y porqué fueron vistos con simpatías haciendo posible la expresión de semejante barbarie). Aún en Inglaterra existe el secreto oficial respecto a Rudolf Hess y el motivo de su misión.

Mientras en otros Estados resultaría impensable salir del marco de un Estado con estructuras democráticas para reconducir los anhelos generados en la clase trabajadora por el triunfo del comunismo en Rusia (como ocurría con Francia o Inglaterra u Holanda o Bélgica o en los países nórdicos), en España (como en Italia o Alemania o Portugal o Grecia) se optan por fórmulas autoritarias y violentas que no serían soportadas por un marco jurídico democrático y, consecuentemente, precisan de la caída de la democracia en esos Estados para  instaurarse.

Desde ese punto de vista, podría convenirse que fuera preciso un aval internacional para derribar una democracia en un Estado soberano (a manos de unos rebeldes) y ese aval respondería a un “proyecto de rectificación” que determinaría el trayecto a seguir por el nuevo régimen y el control de sus posibles o sugeridas “desviaciones” para que el objetivo inicial (que es lo que avala el “proyecto de rectificación”) se confirme ante cualquier situación más o menos inesperada. La pregunta sería: ¿Quién puede avalar una operación de semejante envergadura? (pues un plan de esa envergadura no solo precisa de adhesiones – que pueden resultar volubles, cambiantes o exigentes en imponer condiciones – sino de mucho dinero encaminado a “eliminar obstáculos” y fidelizar voluntades).

La respuesta parece obvia; el plan debiera ser concebido o respaldado desde el interior del propio Estado que desea cambiar su estructura y la manera de iniciarlo, controlarlo y llegar a su destino es por medio del dinero (que hace permeable cualquier voluntad). Si sabemos que en España la financiación del Golpe del 36 la realizó una banca y, además sabemos que el avión que trasladaría a Franco desde Canarias a África venía de Londres (bajo el mando y control de espías británicos) y que de no verificarse el Alzamiento en África, Franco huiría en el propio avión a Londres (mientras su familia se hallaba en el sur de Francia a la espera del resultado de la sublevación); cabría especular con que los vínculos de esa banca española con Londres (y probablemente con la City) eran sólidos y suponían la garantía no sólo del golpe de Estado sino también de la elección del líder adecuado, y previsto, que por cuyo perfil, (carácter y ambición) se estuviera seguro de poder “guiar” y “controlar”, obteniéndose así las garantías de que todos los objetivos (paso a paso) se fueran consiguiendo consecutivamente para que el “proyecto final” (presuntamente acordado) se cumpliera en su total integridad (la propia elección de un joven general para ese proyecto señalaba, por sí mismo, unos planes con metas y objetivos de varias décadas - no parecían adecuados para ese fin tan largo ni Sanjurjo (militar ya de edad y republicano), ni Mola (organizador y director del plan que deseaba un alzamiento estrictamente militar), ni José Antonio, ni Calvo Sotelo (por ser todos ellos políticos capaces, en un momento dado, de llegar a acuerdos propios de políticos).

El elegido para ese proyecto de rectificación no debería, ni podría, influir para desviarlo, aunque, en un momento dado – inevitablemente -  se percatara de que era una simple pieza instrumental al servicio de un poder (y un proyecto internacional) mucho más grande de lo que él mismo pudiera haber imaginado, y probablemente lo imaginara tempranamente, intentando desvincularse en varias ocasiones. Tal vez la primera lo fuera en la esperanza de que el Eje ganara la Guerra; de los posteriores intentos de desvinculación cabrían evidencias en su apoyo a regímenes comunistas – como el cubano – o de Socialismo real – como el Chileno; o un rasgo también lo sería si consideráramos a la propia ETA como un instrumento de los servicios secretos internacionales, todos dependientes de la superpotencia, y cuyo golpe definitivo a la prolongación de la Dictadura en España lo diera con el atentado al Presidente del Gobierno Carrero Blanco – justo un día después del encuentro de este con Kissinger – Kisinger ya dio muestras de defender expeditivamente los planes y proyectos Norteamericanos cuando visitó a Aldo Moro y le amenazó, poniéndole como ejemplo lo ocurrido a Allende, si la Democracia Cristiana intentaba formar gobierno en Italia con el Partido Comunista Italiano – Aldo Moro, a la postre, acabó asesinado por las Brigadas Rojas). Es probable que el propio Franco se percatara de esa dependencia internacional, desde los prolegómenos del Golpe del 36 – y una vez fracasados sus propias previas intentonas de golpe desde el propio Ministerio de la Guerra, en Madrid, junto con Gil Robles -, que los convenientes y dramáticos sucesos que se iban produciendo – y que caldeaban el ambiente político y social -  formarían parte del propio plan para el Alzamiento; y también que la eliminación de obstáculos – de gran relevancia y peso - que le impedían la movilidad necesaria para desplazarse a África, se producían en el momento adecuado y oportuno; señalando una “perfecta organización y sincronización” que, “inexplicablemente”, no estaba al alcance del propio Gobierno Republicano “detectar” – pese a las notables evidencias - haciendo posible la inmovilidad del Gobierno Republicano para abortar eficazmente la rebelión, así como la pasividad de los servicios secretos ante las evidencias de  provocaciones claras (en las que incomprensiblemente se cayeron), hechos demasiados extraños (y convenientes para crear un clima propicio al alzamiento, cuyas consecuencias no se controlaron) y de reuniones evidentes y directamente denunciadas que eran ignoradas.

Otro requisito que parecía evidente sería que se mantuviera en secreto el nombre de dicho líder militar para que se dieran las circunstancias “oportunas” que lo pudieran encumbrar. También es probable que uno de los requisitos fuera que ese líder, una vez en el poder, desistiera de cualquier proyecto político propio que pudiera haber concebido para su Estado

– una vez fracasada la esperanza de que el Eje triunfara, algo que nunca permitiría, en ese momento histórico, los EEUU, tendría que aceptar, de manera irremediable, que el destino de su propio país no estaría entre sus manos (salvo el poder de represión), sino que pertenecería a fuerzas económicas que él no podría controlar plenamente y de las que dependería para desarrollar económicamente su propio Estado y mantener íntegras las lealtades, por medio del bienestar, de quienes le reconocían como Caudillo.  Así que el fracaso del plan de autarquía y el cese del aislamiento internacional – gracias al reconocimiento de EEUU -, vendría a señalar el fin, definitivo, del proyecto político/económico  franquista para España. Y a la vez, probablemente, la entrada en escena del partido comunista en la órbita franquista – hasta entonces en posición de beligerancia, pasaría a colaborar, de facto, con la estructura franquista, en un papel de persuasión y contrapeso frente al mensaje Norteamericano – probablemente pasando información política internacional que vendría a confirmar el proyecto político/económico que se deseaba que España asumiera  (y también, muy probablemente la estructura política del régimen, jugarían, a partir de ese momento, un papel de influencia internacional, sin que en el mismo importara ya tanto la condición política de los otros países, e incluso se optara por incomodar a quienes imponían su criterio en el ámbito europeo, haciéndonos a todos rehenes en una potencial confrontación EEUU/URSS).

Si realmente fuera el poder económico internacional quien hubiera decidido la rectificación de la II República, cabría pensar que el lugar ideal para este tipo de operaciones sería la City de Londres (lugar donde la opacidad permite la impermeabilidad e invisibilidad de cualquier rastro que dejara el dinero que sirve para comprar voluntades). Se podría considerar la herramienta de control real del devenir de los Estados en momentos puntuales, y cabría pensar que los objetivos, de la re-conducción, también son económicos (y sobre todo una oportunidad de negocio; pues se financiaría al que debe de ganar la contienda, que es el que a la postre debería correr con todos los gastos originados: combustible, operaciones especiales y secretas, traslados, compras de voluntades… algún material militar) políticos (garantizar el respeto a los intereses Británicos en la zona de influencia española) y sociales (controlar los movimientos sociales internos en España y garantizar estructuras de poder y gestión permeables a los intereses anglosajones). Así es fácil concebir que Franco solo resultara, a la postre, una marioneta en manos de una trama interna (que promueve o acepta el Alzamiento y busca la conformidad internacional) y externa (que impone condiciones y un plan de rectificación político/social/económico que permitirá la conformidad y el apoyo internacional) y que nunca le permitiría tener control real sobre la propia economía y política del Estado, y cuya función, únicamente, fuera mantener un férreo control de la sociedad, del pueblo, por medio de la coacción, la intimidación y la violencia. Pues todo lo demás, lo esencial: El dinero, quedaba en manos del poder económico.

Si recapituláramos, para ajustar esta tesis, podríamos realizar la siguiente hipótesis:

1)                      Se decide reconducir la II República desde el interior del propio Estado (sin entrar en motivos, porque para esta hipótesis no resulta esencial entrar en ellos)

2)                      Se tiene que mover dinero para comprar voluntades y conseguir que se den situaciones y hechos que hagan posible esa “reconducción” y quien lo posee (debe de estar de acuerdo o ser promotor), según la Historia es una banca española, pero también es probable que actuara por obligación, porque ello también es posible al ser los bancos interdependientes de otros extranjeros para operar – de ahí, probablemente, la importancia que hemos dado a la independencia de nuestros bancos, pues de ella, y de su buena gestión, depende en alguna medida nuestra independencia económica, política y social.

3)                      El único lugar cercano, en el extranjero, capaz de ser opaco al control internacional de capitales y al Parlamentario sería la City de Londres (un Estado dentro del Estado británico, que se rige así mismo mediante normas de naturaleza medieval). El requisito es que no se pueda seguir la pista que deja el dinero.

4)                      Pero si se contacta con la City para una operación de esta envergadura es probable que, siendo necesarios sus servicios, o los detecte, traslade la información a al Gobierno Británico, para que este actúe según sus propios intereses y ponga las condiciones que considere oportunas a cualquier proyecto que se diera y que pretenda usar su estructura económica. Tanto si la iniciativa es interna (de la propia España) o externa (promovido el Alzamiento desde los intereses económicos internacionales) y siendo Londres lugar del inicio del mismo (por medio del Dragón Rapide) parecería razonable que fuera la City quien controlara y centralizara las operaciones económicas respecto de este asunto internacional.

5)                      Conociendo la envergadura de la operación, y estando de acuerdo (y poniendo sus condiciones), pone a sus agentes al servicio de la operación para asegurar su buen resultado.

6)                      Se desarrollan, y aseguran, todos los actos que deben dar como resultado que el líder de la sublevación (acordado por las partes) realice su papel.

7)                      Se realizan las operaciones políticas precisas para orillar la II República y hacerla caer en manos de la URSS (campaña de deslegitimación internacional de la democracia republicana)

8)                       Una vez ganada la Guerra civil, se controla las inclinaciones del nuevo gobernante por medio de política y dinero (se pagan a los generales del Estado para asegurar que no entren en guerra a favor del eje) (y seguramente hay que pagar más que otros que también pudieran hacerlo).

9)                      Se asegura que los objetivos de restructuración se cumplan y el fin del régimen acontezca cuando estuviera previsto.

Hay una cuestión que me viene a la mente en este punto: ¿Todo eso lo pagarían el Gobierno Británico o el mundo anglosajón? O ¿Le harían pagar todos esos gastos al propio Estado español? (me parece más real la segunda fórmula, porque precisamente se trata de dinero - aunque para la historia – y para apuntarse tantos – los británicos pudieran llegar a decir que corrieron con los sobornos a los generales españoles). Parece triste, pero también parece propio de cómo hacer negocios causando conflictos en otros Estados o aprovechándose de los conflictos en otros Estados.

Si el objetivo fue controlar al propio pueblo español (y domarlo), y en ello estuvieran también de acuerdo gobiernos democráticos, cabría pensar que en ello extraen beneficios particulares (y los beneficios más particulares son los económicos para sus propios países). De alguna manera pienso que estuvimos abandonados y que, consecuentemente a los tiempos que se vivieron de posguerra en Europa, con la guerra fría – donde la seguridad primaba ante las libertades civiles de los ciudadanos – es probable que las formas de control social (en alguna manera bendecidas por los EEUU en su apoyo a Franco y luego a la Democracia española) pudieran subsistir al régimen franquista e incluso ser consensuadas por algunas élites que se consideran, así mismas, democráticas.

La fuerza, aun hoy en día, y pese a la visión en contra de la UE, es la razón más determinante para el ejercicio del Poder y la imposición de un criterio – así lo viene a mostrar el actual Presidente Norteamericano, cuando es lanzado a la Presidencia de EEUU para defender la hegemonía Norteamericana y anglosajona frente a una coalición de lo que podría ser la Unión Europea (la UE) que se estructura en torno a la idea de la diplomacia, acuerdo, comercio y paz, para la prosperidad y el desarrollo de los derechos humanos y la preservación del Medioambiente.

Cabe pensar que el procedimiento de renunciar y excluir la fuerza bruta para entrar de pleno en el terreno de la persuasión y del respeto a la Constitución, dentro de un Estado, y así resolver conflictos, ha podido tener mucha resistencia, hasta el punto de persistir en nuestros días (o nunca haber dejado de emplearse, incluso llegando a la eliminación física de alguien considerado un “problema”).  En primer lugar porque un procedimiento “legitimado” durante 40 años de dictadura no se disuelve, de la noche a la mañana, por medio de una Transición a no ser que se denuncie la práctica (como estructura real y paralela a la Constitución, y al funcionamiento normal de los tribunales) de manera clara, visible y también mediante confesiones de los implicados (que por la naturaleza de dicha práctica serían personas de condiciones y profesiones muy transversales). Al haberse constituido la Democracia no desde la ruptura con el anterior régimen (que hubiera sido casi imposible tarea) sino desde el proceso de “transformación” del Estado (de unos valores por otros democráticos, en un proceso de constante oposición, modulación y re-interpretación de esos mismos derechos) cabe suponer que la estructura de “control social”, visible y apreciable en el franquismo, pudo quedar intacta e incluso aceptada por personalidades de gran relevancia social y política bajo la idea de una forma de “control social”, en último extremo, eficaz (pero luego, instrumento suficientemente discreto como para pasar desapercibido a una investigación judicial o a la denuncia en los juzgados por alguien que hubiera sospechado o vivido esas prácticas en sí mismo a en algún familiar o conocido cercano).  Ello no significaría que no haya seguido siendo percibida dicha práctica por la sociedad, incluso extenderse a otros ámbitos (institutos, Universidades…) para actuar rápida y eficazmente sobre los jóvenes (incluso es probable que simples profesores hayan utilizado servicios externos al Estado para intimidar actitudes que consideran que cuestionan su autoridad en el ejercicio de su función – sin entrar, previamente a valorar si esa función profesional que tiene encomendada por la sociedad es ejercida adecuadamente y puesta siempre al día, porque en ocasiones la deficiente preparación docente motiva protestas de estudiantes; en ese caso estaríamos en contra del avance social que representa la juventud, y valorarían, los que así proceden, mucho más la obediencia plena y la sumisión que la oportunidad de progreso y realización integral de los jóvenes). Ello, de darse, no solo ocurriría en el ámbito de la formación, sino también en el ámbito social, cuando deficientes estructuras sociales – no actualizadas o porque sus responsables han caído en el desánimo, la rutina o la frustración o el prejuicio profesional – no respondiera a las expectativas que el sector social correspondiente espera de ellos, por falta o pérdida de vocación de los profesionales encargados de mantener esas estructuras y la eficacia y eficiencia que prometieron cumplir a la sociedad.

 Así pues, podríamos concebir que decisiones que se toman de gran alcance, que involucran un proyecto de gran interés estratégico, se pudieran poner en marcha sistemas de “control social” con la finalidad de disuadir a aquellos que, ocasionalmente, lideran grupos sociales que se sienten perjudicados - o quienes así se constituyan de manera sobrevenida - que se oponen a estos proyectos, fallos, errores, inoperancia, incompetencia,… con razones suficientes como para entrar en un debate a fondo y con garantías para la sociedad que permitieran corregir procedimientos o déficits que perjudican (y todo esto fuera observado como un coste de oportunidad, o un asunto inconveniente de abordar o que desbordaría la credibilidad del sistema democrático si se llegara hasta el fondo de ello y, por tanto, sentir la autoridad un perjuicio irreparable para sí misma); y estos sistemas de “control social” tuvieran la misión y el objetivo de coaccionar (eficazmente) de manera singular, informal y anónima a estas personas (sustituyendo así, las prácticas normales y pacíficas propias de la democracia) e incluso ir más allá si fuera preciso y si se tuviera, por ello, el mandato o acuerdo de la autoridad pertinente (política/y de seguridad) que respalda dicha acción.

También cabe suponer que, en momentos puntuales, al igual que una autoridad de cualquier naturaleza pudiera apelar a estructuras formales o informales para preservar sus criterios profesionales de cualquier crítica, pudiera aparecer autoridades formales (y reconocidas como tales por la propia sociedad) que consideraran que una persona determinada no tiene el perfil adecuado (a juicio de esa autoridad) para desempeñar una función determinada al Servicio del Estado y, consecuentemente, pusiera en marcha, con medios propios del Estado (que debieran estar bajo supervisión y control democrático) sistemas de control social (informal e ilegal) sobre esa persona en concreto; presumiendo, entonces, que una autoridad política es permeable (como filtro indispensable) para ejercer dicho control social y, consiguientemente, la maquinaria destinada a ello se ponga en marcha y actúe bajo una cobertura que (aunque le llevara, por ordenes, a la muerte social y/o eliminación de dicha persona) estaría siempre a salvo de cualquier investigación “oficial”, ya que si subsistiera esa red paralela también subsistirían los argumentos y declaraciones destinadas a “enterrar” cualquier sospecha o evidencia que se hubiera producido esa acción, con el fin de que las mismas no llegaran a los tribunales o lo hiciera de manera tan débil como poco creíble (como también sabemos que los tribunales están formados por personas, y la condición humana es un requisito que nos hace subsidiarios a todos los humanos, nadie dentro de un Estado, así confirmado en la dictadura, se atrevería, en ningún puesto de la Administración del Estado, en su sano juicio, ir en contra de las “recomendaciones” recibidas de ignorar tal o cual circunstancia, so pena de sufrir las mismas consecuencias del “control social” que se pretendieran poner en evidencia y sacar a la luz pública por medio de una sentencia o Fallo).      

Así pues, sería inútil apelar a denunciar semejantes prácticas en los juzgados, de la misma manera que en su día, aunque hubiera testimonios de cómo en algunas comisarías de la dictadura se tiraban detenidos por las ventanas, difícilmente un juez se atreviera a denunciar esa “practica” como asesinato o intento de tal hecho por parte de funcionarios policiales, y se pudiera pasar con facilidad por el testimonio oficial de caída voluntaria o accidente – que por otro lado era lo más probable que quedara reflejado y plasmado como verdad oficial, según testimonios de reportajes de aquella época.

Realmente cuesta mucho considerar que, en un Estado Democrático, estas prácticas sobrevivieran sin ser denunciadas o desarticuladas, pero cabe señalar que existen, en este sentido, ejemplos muy variados que evidencian que ello, al menos, existió en el pasado en democracias. Un ejemplo de ello es la aparentemente poco democrática solución dada a la banda Baader-Meinhof (presentado como suicidio colectivo). Y Borges señalaba, en su país, Argentina, que los peronistas no eran ni buenos, ni malos, sino que – simplemente – tenían la tendencia de solucionar todo a tiros. Es decir, Borges daría a entender que contempla que la vida política de una nación precisa de abordar problemas y conflicto de intereses de gran calado – por ello se precisa de grandes recursos y capacidades para poder hablar, reconocer al otro, valorar la situación y llegar a un acuerdo o una resolución “correctora” – pues siempre hay cuestiones que no son fáciles de sacar a la luz y que hay que gestionar buscando una solución dentro de la no violencia y que pueda ser fiscalizada por la justicia bajo parámetros honestos, dentro de la Constitución; porque eso es lo que llamamos democracia. Pero según parece señalar Borges, los peronistas tenían tendencia a resolver esos conflictos, a la primera dificultad, directamente a tiros.

Igual situación se daba en Francia cuando a los ecologistas se les veía como temibles adversarios por señalar el vertido de bidones radiactivos al mar, o por vertidos de petróleo, o porque luchaban contra la caza indiscriminada de ballenas, y Mitterrand permitió que los servicios secretos franceses explosionaran un barco de Green Pace (como recuerda recientemente un artículo de El País) como un acto de terrorismo de Estado.

Aunque estas prácticas no se visualicen y “oficialmente” han cedido (sin que haya culpables por ningún lado de semejantes crímenes) cabe preguntarse si nuestro Estado ha desmontado realmente esa red paralela de coacción a los ciudadanos; porque la idea de no incomodar a la autoridad parece seguir orbitando como línea roja para algunas autoridades que se sienten así desbordadas (sobre todo sobre liderazgos estudiantiles, no organizados políticamente, sino bajo la inspiración de la Constitución, o del simple sentido común de alumnos reclamando “nivel” adecuado a sus profesores, no siempre motivados o actualizados; o cuando gusta un “proyecto” realizado y registrado por un particular y desean apropiárselo la élite de la propia ciudad….étc. étc. y étc.) y saber si colaboran en esa coacción social elementos de organizaciones políticas legalizadas y, sobre todo, si se sigue autorizando llegar a la “eliminación” del “problema” por medio de consenso entre un alto representante político de una ciudad dada y el técnico de seguridad de la misma.

La cuestión también implica a la propia Autoridad y cómo se considera y se percibe a sí misma, cuando ejerce sus prerrogativas, y si está dispuesta a ser cuestionada o simplemente impone su criterio técnico y, si esta, realmente, se circunscriben a los parámetros constitucionales o los excede, "per se", como propio rasgo que imprime carácter personal  al ejercicio de su autoridad y, además, se opone a cualquier honesto control jurisdiccional – porque, obviamente, nada ha infringido la víctima – teniendo, como autoridad (y según de la naturaleza que sea esta autoridad) medios materiales, técnicos y sociales como para realizar un “control social” sobre su víctima de manera impune y “opaca” e “invisible” a los órganos de control jurisdiccional (como ocurriría en el franquismo, al existir colaboración inter-sectorial e inter-Administraciones, para invisibilizar un crimen; al menos dentro del propio Estado que así se concibe como “legítimo” en la utilización de estas “herramientas” extremas que implican, inevitablemente, cierto grado de “complicidad” en algunos ámbitos o elementos de la Administración del Estado).

Es difícil concebir que de existir personajes que así actúan puedan definirse como demócratas (ni ellos, ni el Estado al que pertenecen), o puedan representar a la democracia u ostentar cargos en una democracia. Sin embargo, el mayo del 68 señaló una ruptura clara con procedimientos de esta naturaleza en Europa y en EEUU, por parte de la juventud que buscó, ante la evidencia de que en los Estados que se consideraban democráticos subsistían prejuicios que se oponían al ejercicio de las libertades propias de las personas (y, consiguientemente, a su realización personal y, por tanto, a dar lo mejor de sí a la propia sociedad). Alternativas tan sorprendentes como la vía del pacifismo y ecologismo (como mejor manera de señalar que esos adultos, que ejercían el poder y decían ser los depositarios de los verdaderos valores del Estado y del bien hacer (y de la perfección), eran sumisos al más puro materialismo – poder, dinero, intereses personales… -  y que esa era su verdadera moral frente a un mundo lleno de conflictos bélicos, dispuestos a sacrificar a sus jóvenes en cualquier frente de guerra y que, además, lo estaba convertido en un inmenso estercolero – mientras se llenaban los bolsillos de dinero – y a la vez, se sospechaba, ejercían un terrorismo de Estado, bajo el amparo de unas formas democráticas que no resistían la más mínima prueba del algodón).  La violencia empleada por la policía Norteamericana  para disolver manifestaciones de estudiantes pacifistas, disparando armas de fuego, señalaba que existían una gran distancia entre lo que los estudiantes y las autoridades consideraban como democracia.

Lamentablemente podríamos verificar que ciertas prácticas, ciertas ambiciones y ciertos prejuicios han subsistido cuando la generación del 68 alcanzó el poder. Parece ser que el mensaje del Power Flower sólo les hubiera servido, a algunos, de pedigrí pasajero, porque al entrar en responsabilidades reales parece que acabaron por emular lo ya conocido (en vez de pugnar por transformar la parte indeseable que subsistiera de la dictadura o de formas de gestionar la sociedad que ninguneaba derechos democráticos reconocidos a la gente, se pasaron al bando de los que se expresan por medio de la violencia, la coacción e incluso, tal vez, el crimen “opaco”).

Es algo no descartable del todo, sobre todo porque nuestra historia, no tan lejana, aún está en la memoria. Hay quienes siguen apostando, desde el ejercicio de la docencia, por educar a sus hijos a base de palizas – mientras el entorno educativo silenciaba las evidentes prácticas del colega. Parece señalarse así que el concepto de Autoridad en España, capaz de saltarse las leyes más elementales de respeto a las personas y a los niños, se han seguido infringiendo. Cabría pensarse que para qué y con qué objeto y función se saltan dichas normas de protección a los menores y solo me acude una respuesta lógica: Sigue existiendo esa “sistema de control social” extrajudicial y al margen de la Constitución y de los controles jurisdiccionales propios de una democracia. Y quien así se comporta con sus hijos, sería porque aprendió la existencia de dicho “sistema de control social” en propias carnes y en vez de denunciarlo lo asumió como propio y lo empleara sobre sus hijos o sobre quienes le pareciera oportuno en razón de los medios y herramientas que en el ejercicio de su función tiene a su disposición o alcance.

(ahora hay quien reclama franquismo; tal vez no sepan de verdad lo que creen que recuperarían; otros, que tal vez los animen, probablemente sí lo sabrían: legalizar plenamente prácticas como las descritas y poderlas ejercitar a plena luz del día, administradas a criterio particular de los “reyezuelos” puestos en cada pueblo o ciudad o cargo de España).

¡¡¡Lo que podría volver a dar de sí una partida de Mus, de Guiñote o de Dominó en cualquier pueblo o ciudad de España!!!.

 (Aunque también reconozco que cuando se decidiera emplear métodos expeditivos, como pudiera suceder en la democracia, solamente entre dos (en petite comité) , bastara con unos whiskys con hielo; que resulta más europeo, más moderno y sobre todo aparentemente más civilizado).

En este hipotético marco social, no sería de extrañar que la transición resultara modélica, pues en lo esencial (las formas y maneras del control social) habrían persistido en la democracia, garantizado, de paso, la inmunidad de quienes entonces las llevaron a cabo y que, ya con la Constitución en vigor, se pudieron encargar de perpetuarlas. Toda una garantía para el franquismo y los franquistas.

También cabría alzar la voz en Europa y preguntar por ahí si este sistema de "control social" es aceptado en nuestros países del entorno europeo o tan solo, ya, en España.

Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen, sin pasar por ningún proceso judicial. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.¹​