Proyectos que derrumban o levantan?

Las iniciativas sociales que hacen posible una segunda oportunidad para las personas (y familias) siempre supusieron un punto de interés, esencial, para concebir una sociedad más justa. Así se iniciaron proyectos con jóvenes que con problemas heredados de sus circunstancias sociales o personales merecían una posibilidad que permitiera aflorar sus capacidades personales que hicieran posible su re-enganche a la sociedad y, con ello, abrirse las puertas a un empleo e incluso a unos estudios que, en principio y dadas esas circunstancias del entorno (barrios deprimidos o familias con problemas) no habrían transitado con normalidad en las etapas y niveles educativos con fortuna, y estaban en riesgo de salirse del sistema y entrar, de pleno, en un entorno marginal con riesgo evidente de tener que lidiar en los márgenes que limitan con la normalidad y legalidad.

Siempre existieron iniciativas y proyectos encaminados a ofrecer estas segundas oportunidades, en unos ambientes donde la competitividad y altos niveles de exigencia personal en los alumnos no ocuparan un espacio prioritario en la evaluación y selección educativa de las personas y se atendiera, con recursos diferentes, más proclives a prestar atención a las circunstancias personales, ambientales y sociales que habrían hecho posible el primer fracaso en los itinerarios escolares formales para pasar a una nueva estrategia, encaminada a evaluar, más decididamente y profundamente, los valores y cualidades personales que portaban cada alumno para desde ahí otorgarles confianza en sí mismos y estimular un amor propio y una responsabilidad desde la cual movilizar y enfocar todas sus capacidades para que salieran a flote.

La Administración, el Estado, asumió este papel y este tipo de iniciativas que habrían dado frutos y resultados en proyectos así concebidos desde entidades privadas y de naturaleza social e incluso benéfica. Ese esfuerzo del Estado sería concebido, en la práctica, como una última oportunidad  en donde se acabarían poniendo a disposición de esa “visión” recursos transversales de toda índole (Servicios Sociales, Policía , Fiscalía, Docentes) todos ellos coordinados en cada barrio (y con las problemáticas familiares) para realizar y proyectar una evaluación de conjunto que incluso permitiera una disponibilidad de recursos a las familias (incluso puramente económicos) destinados a evitar la marginación y conseguir su integración y plena inserción en la sociedad que les circunda con un seguimiento continuo por parte de los Servicios Sociales y, respecto de los hijos, por medio de un seguimiento en los Centros de Adultos. Además, siguiendo el modelo de iniciativas exitosas privadas, los contactos con empresas, facilitando la inserción laboral y realizando, si fuera preciso, un seguimiento de esa inserción, que se pudiera cumplimentar con un itinerario que determinaría esa última posibilidad (quien fracasara sería, evidentemente, y definiéndolo en el propio argot pedagógico del momento “Carne de Cañón”).

Al entrar en juego herramientas tan trasversales (Policía, Servicios Sociales, Docentes… todos ellos funcionarios públicos) rápidamente se vería, desde las instituciones jurisdiccionales y penales, aquel proyecto del Estado como un instrumento, también de último recurso, destinado a esa también última oportunidad que se pudiera contemplar desde el entorno de la legalidad jurídica, previa tal vez, al uso de otros métodos que ya implicarían lo que vulgarmente se llamaran correccionales o directamente la prisión. Así pues la Fiscalía entraría a formar parte, también, del seguimiento de las circunstancias de los jóvenes que entrarían en ese proyecto de Adultos con la finalidad de verificar y a la postre, si todo fallaba, la “calificación adversa” de los jóvenes y que formaría parte, ya, posiblemente para siempre, de cualquier circunstancia que a ese muchacho pudiera llevarle, previsiblemente, ante los juzgados.

La oportunidad para apuntarse el tanto político de esta iniciativa pudo llegar, a la vista de la naturaleza política de los primeros responsables educativos, de la mano del PCE y de IU; ya desde el acercamiento al régimen de franco, a mediados de los años 50 (dato que parece ser consensuado históricamente), trabajó en una estrategia política que parecía copiada del PC en Francia, mostrando interés por mimetizarse e identificarse con la cultura, el saber y la ciencia – como instrumentos y herramientas imparciales para su aplicación sobre la sociedad; y despojadas de cualquier influencia de naturaleza religiosa y apostando por el ateísmo y materialismo científico como fórmula más cercana y realista para interpretar la realidad social; y desde esos postulados construir la estrategia para un sistema de evaluación Social, que implícitamente conlleva al Control Social.  

Parece obvio que dado que parte del papel que tuvieron que asumir los Centros de Adultos (como última oportunidad para un determinado grupo social juvenil ya señalado bajo parámetros de riesgo) las características de los profesores, los técnicos en Servicios Sociales, los miembros de la policía, la Fiscalía… debieran tener no solo una predisposición de servicio ante el reto que supone aprovechar un último esfuerzo del Estado, sino también un componente vocacional y, en último extremo, si el impulso y la rutina decaen de alguna manera, un estricto cumplimiento profesional de la tarea.

Antes de proseguir parece conveniente señalar que en materia de educación se intenta abrir el debate sobre los castigos corporales (véase Castigos físicos como tortura en detrimento de la salud mental). La ley los prohíbe en España, y en múltiples Estados europeos, bajo el amparo y los estudios de la ONU. Y sin embargo, desde entornos judiciales (desde youtube) parece que un juez aboga por recuperar los “cachetes” e incluso el derecho de los padres a controlar los móviles de sus hijos; presentadas ambas medidas como “derechos” saludables de ejercer (incluso hay algún anuncio, creo que de fuet, en el que los padres ironizan sobre el acceso al contenido del móvil de su hijo en el propio anuncio). Si a esto le sumamos que en el mundo del profesorado de la enseñanza sigue existiendo añoranza por el castigo físico, y que una de las profesoras vino ejerciendo, parece que por recomendación y apoyo de compañeros del Centro de Adultos, de manera extremadamente violenta sobre sus hijos (con el cómplice silencio de los vecinos de su domicilio, a los que se pudiera haber presentado incluso ella misma como verdadera víctima, aunque fuera verdugo – y alguno de los vecinos también eran pertenecientes al mundo de la enseñanza) podríamos señalar que esta forma de tortura no está plenamente desterrada del ámbito de la conciencia de todo el profesorado (probablemente por su evidente eficacia intimidadora que permite un ahorro de argumentos que podrían llevar a la contradicción y a la duda en los hijos). Y que es lo que parece subyacer en el juez que apoya los castigos físicos y el control de móviles en youtube.

Como no siempre los castigos físicos, ni las torturas, son eficaces; ya una película española, con personaje “relator”, señalaba éste, que no pegaran a los niños, cuando una madre le soltaba un bofetón a una criatura de tres años en el parque en su presencia (la vergüenza de cómo tratamos a los hijos en España transciende  en los años sesenta; y tal vez ahora también).

Por lo general los niños no los entienden, sobre todo cuando ni siquiera existe ningún tipo de razonamiento o guía de conducta que provenga desde el progenitor como referencia para conducirse en sociedad – parece que lo que se pretende evitar es un debate, que es lo que parece pretenderse eludir para evitar que alcance otros ámbitos de la familia - a cada problema que el niño presenta la respuesta sea una paliza.(Es, o parece obvio, que en un ambiente escolar, para los profesionales, resultaría fácil detectar que unos hermanos son sometidos a este tipo de torturas en casa, sobre todo porque da lugar a problemas, bajadas de notas y repetición de curso; todo ello se dio en este caso, pero los profesores, los jefes de estudios y los directores de los colegios de primaria y secundaria se callaron, como los vecinos de la maestra de Adultos, con su silencio. El hecho de que fuera una colega de profesión y que su profesión estuviera vinculada con la policía, la fiscalía y los Servicios Sociales del barrio pudieron contribuir – junto con los argumentos de ser ella la única víctima – a mantener el silencio. Ni siquiera el juzgado correspondiente, conocida denuncia por haberlos detectado el padre, se atrevió a pedir la mínima intervención de los psicólogos del propio juzgado y prefirió amenazar al padre por intentar presionarle, después de rechazarle una visita, para argumentar que lo hiciera).  

Hasta aquí pudieran entender muchos que leyeren este artículo, que no debe de ser motivo de queja, ni siquiera de un artículo en un blog para señalar el hecho de que haya existido discrepancias en el modo de educación de los hijos (se podría alegar, incluso, que Vd mismo en su escrito argumenta que sigue existiendo un debate, e incluso es concebible que, pudiendo conocer este proceder de la madre- maestra en las reuniones con los Servicios Sociales, la policía y la Fiscalía, se pudiera haber llegado a convenir, tal vez implícitamente, que corregir físicamente en casa previene de problemas posteriores, diga lo que diga la ley, que para eso se es padre) ni siquiera es motivo, por lo tanto, para señalar en un blog que un juzgado se inhiba, si en alguna manera la madre se pudiera presentar como profesora de Adultos y/o con argumentos de víctima – de alguna manera colabora con el sistema judicial y con el control social del barrio, se podría concebir hasta de colega. Aunque de alguna manera, es cierto que eso de “facilitar” títulos para que adultos progresen en el trabajo (incluso en la función pública) es lamentable, pero podríamos convenir que, vamos, unos favores que no hacen daño a nadie ¿A quién pueden molestar? (Es cierto, todo se puede entender)

Incluso se puede entender que el mismo juez de youtube asegure que considera legítimo “intervenir” el móvil de los hijos para saber qué hacen, y mire Vd, la madre maestra se llevó el móvil del hijo díscolo (por querer seguir viendo a su padre) a su trabajo de Adultos. Parece ser que la familia, que por parte del marido, aun la veía como víctima dejó de verla como tal y cortó la comunicación, y algo esencial para esta señora: La información y el cotilleo sobre su exmarido que podría utilizar para realizar un control sobre su hijo. Aquello pudo ponerle en situación de no poder proseguir con el control emocional de su hijo, ya adulto, por medio del cual había conseguido, después de varios años de intentarlo, casi inhabilitarlo, pero desde luego intentar endosarle una pretendida enfermedad psíquica; a base de los mismos argumentos que había aprendido a expresar, probablemente en ese mismo entorno de Adultos y en las reuniones con los estamentos señalados (además de haber quedado para pasar vacaciones, puntualmente, con alguna madre con hijos con diagnósticos psicológicos graves - tal vez por aquello de obtener información y capacidad de argumentación). Se había convertido ello en un juego?, pues incluso se atrevió a internar, en contra de su voluntad a una propia amiga, artista conocida, que parece ser que consiguió salir al día siguiente de la planta de psiquiatría. La capacidad de argumentar de esta señora es sorprendente. Pero para manipular, (véase Control Mental y Abuso Psicológico) se precisa siempre información y este juez aprueba el acceso a los teléfonos móviles de los hijos. Da la casualidad de que la profesora de Adultos se llevara “accidentalmente” el teléfono del hijo al Centro de Adultos durante unas horas. Véase la noticia que hace poco salió en la prensa: Me controlaba por el móvil, vivía una psicosis.

Si además de esta situación concreta, señaláramos  que fuera advertida información falseada por la madre en el centro psicoterapéutico donde pretendió para su hijo un diagnostico lo suficientemente estigmatizante como para quitárselo de en medio permanentemente (como medida para dañar al padre) y corrió, la madre, a pedir asesoramiento a un entorno (pudiera ser político, de abogados, o profesional) para que le dieran argumentos para poder salir bien librada de esa nueva situación creada y descubierta.

En todo esto parece tener apoyo del entorno educativo y asesoramiento legal. La pregunta sería: Porqué? ¿Qué sabe esta profesora de su propio entorno, del propio barrio, para tener esta protección que tanto daño hace a su propio hijo? ¿Es una cuestión política por su vinculación con IU, Podemos o el PCE? Es una cuestión social amparada por los Servicios Sociales del Barrio? Es alguna cuestión policial que sabe o no la Fiscalía? Se acepta todo esto como una normalidad?

¿Es posible qué en el entorno de contactos con un centro de Adultos se pudiera acceder a estas herramientas de control una persona que no sabe de informática? ¿Es habitual que los profesores sugieran, como el juez de youtube, estas herramientas a los padres? ¿No existe posterior control ni límite de edad? Entidades de responsabilidad tan determinante no evalúan periódica y discretamente la integridad de los participantes en programas de la importancia y envergadura aquí señalada? ¿De haberse procedido de esta manera en ese ámbito, se han podido producir consecuencias adversas o muy adversas a causa de este tipo de manipulaciones? ¿Los técnicos señalados tienen asumidas todas las potestades sobre el devenir de las personas vulnerables de ese barrio? ¿Existe algún control honesto e independiente sobre la integridad de estas personas?

Todas estas preguntas parecen legítimas hacerse ante el cúmulo de irregularidades u omisiones señaladas.