¿Conocimiento accesible para todos?.

El conocimiento que va acumulando la humanidad debe de ser accesible para los ciudadanos de todas las edades y esa tarea debiera de ser asumida por los Estados con el fin de facilitar la extensión de los conocimientos para aquellos que desearan acceder a los mismos, e incluso facilitar la información precisa para que una persona pueda realizar tesis o tesinas de manera paralela a la formación institucional realizada por las Universidades e incluso que estas Universidades debieran de tener la capacidad de tener un procedimiento para valorar esos trabajos y realizar, si fuere preciso, un reconocimiento de conocimientos adquiridos al margen de los sistemas formales de enseñanza. Al igual que el Estado se obligaba a sí mismo a que en todos los Ayuntamientos existiera una biblioteca con la finalidad de promocionar la lectura y el conocimiento entre sus habitantes – especialmente entre los jóvenes y los niños – la posibilidad de los nuevos avances tecnológicos debieran llevar a actualizar los medios en los que el Estado pone a disposición de los ciudadanos esos conocimientos pues las capacidades potenciales de los ciudadanos (de las cuales el Estado es responsable de su desarrollo integral) no deben de depender de limitaciones debidas a causa de accesibilidad económica, físicas o estructurales, ya que cuando los ciudadanos obtiene la formación que precisan (de manera formal o por itinerarios propios) se encuentran en condiciones de adquirir una experiencia personal esencial para la visión de su propia sociedad e, incluso, aportar al Estado valores esenciales para la democracia (en sí mismo este objetivo representa una promoción a la investigación y reflexión personal de los ciudadanos y una democratización del conocimiento). El Estado no puede ser patrimonio de una élite, sino que el Estado somos todos y todos tenemos el derecho a la posibilidad real de beneficiarnos de la experiencia que supone la reflexión sobre el conocimiento existente y, en definitiva, beneficiarnos de las posibilidades que ofrece a los individuos estar organizados como Estado. 

En ese sentido pareciera conveniente realizar una coordinación a nivel europeo con la finalidad de apoyar proyectos transversales de divulgación de conocimiento que ya existen y que son gratuitos (fomentados por fundaciones u organizaciones que tienen estos objetivos altruistas). Parece obvio que también debiera la ONU, como organismo superior de Naciones y Estados fomentar y apoyar este tipo de herramientas a nivel internacional y remover todo tipo de obstáculos que pudieran observarse para la libre circulación del conocimiento.

Ningún ser Humano, por sí solo, puede generar innovación o descubrimientos de cualquier índole si no se apoyara en conocimientos (mucho más extensos) previamente existentes y que forman parte del bagaje universal de la Humanidad. Los derechos a la propiedad intelectual deben estar compatibilizados con una eficaz divulgación o acceso libre y gratuito a dicho conocimiento teórico que promueva las posibilidades de las personas en profundizar y desarrollar sus capacidades potenciales o innatas para que estas puedan estar a disposición de la sociedad en general (por encima de cualquier obstáculo que pudiera encontrarse (y que representase una forma corporativismo que pretendiera monopolizar o entorpecer el acceso a esos conocimientos y/o el desarrollo de las personas de manera autónoma a ese tipo de instituciones). 

Las limitaciones impuestas por el Parlamento Europeo en base a la propiedad intelectual debe armonizarse con una estrategia que como la que aquí se propone y que debiera observarse como prioritaria o compatible con la idea de propiedad intelectual y no ser demasiado (o espectacularmente) sumisa con los deseos e intenciones o imposiciones de los EEUU y su demostrada ambición de copar todo tipo de conocimientos con el fin de beneficiar a sus propias élites y perpetuarlas en el liderazgo internacional (pues ello podría suponer anular las posibilidades de desarrollo de ciudadanos y personas de otros Estados o Naciones). Esa ambición de perpetuarse como potencia internacional en todos los ámbitos no debe poder llevarse a cabo a costa del Derecho Universal de las personas al acceso al conocimiento y al desarrollo de su personalidad y sus capacidades. Esta es una visión “democrática”, puramente democrática que debiera de estar contemplada por la comunidad internacional puesto que el objetivo de la Humanidad siempre debe de ser el Bienestar común como fuente de paz y progreso colectivo.

Así mismo la permeabilidad del sistema formal y oficial para la formación profesional o universitaria debiera de ser permeable y ser capaz de reconocer las capacidades y trabajos que supongan una innovación realizada al margen de sus estructuras formales (y conseguir este objetivo “de oficio” como meta prioritaria para el reconocimiento de habilidades y capacidades en todos los ámbitos del Estado – incluidas sus Administraciones – y en el mundo laboral como estrategia para la protección de las capacidades y habilidades de los ciudadanos frente a los intereses particulares o corporativos). 

Parece obvio que la capacidad de “terceros” de apropiarse de “trabajos” particulares, incluso por instituciones públicas, es producto de una falta en el ejercicio de los valores democráticos de nuestras sociedades; así mismo la recientemente aparente y visible sumisión de las entidades que dan crédito y reconocimiento a las potencialidades de las personas (dentro del sistema formal de enseñanza) a otros intereses ajenos a su condición pudieran poner en evidencia la función que tienen encomendada por el Estado. Para evitar estos “desvíos” en las “misiones” encomendadas a estas instituciones parece necesario recalcar que la definición del concepto Estado debe de estar orientada a ser considerado como la suma de todos los ciudadanos que lo componen y la defensa de esos intereses bajo los principios definidos en la Constitución. Esas “desviaciones” tal vez se pudieran “encajar” bajo los principios de “interés general de una Nación” (entendida la Nación como un colectivo organizado bajo unos “mitos” metafísicos que suelen dar lugar a una prevalencia y lucha por el liderazgo dentro de la propia nación y entre otras Naciones) por ello defiendo la idea de que el concepto de Nación suele llevarnos a conflictos internos (donde la jerarquía se pudiera imponer en razones de conveniencia política y no de capacidades objetivas en un marco de igualdad de oportunidades) y que acaban por expresarse en conflictos internacionales. Por ello soy de la opinión de defender la idea de Estado como conjunto de derechos que nos otorgamos los ciudadanos en un marco de igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley – ley que también nos otorgamos por medio de nuestros representantes.