Miguel Ángel Ibáñez Gómez - maiges_ps@hotmail.com

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miércoles, 7 de noviembre de 2018

España cambia, y gana, garcias a Europa




Ya desde anoche, cuando oí la noticia, deseaba realizar un artículo ofreciendo un punto de vista que no tiene nada que ver con lo que están comentando los expertos y mucho menos con el oportunismo con que PODEMOS e IU quieren  afrontar esta situación para aportar otro granito más de desquicie que desoriente a la ciudadanía – aunque ello de lugar a proseguir por la senda del populismo que alienta a la extrema derecha a seguir la senda que marca Podemos de alarmar, constantemente, a la población española (no en balde el líder de VOX mostró en su día admiración por Podemos - cualquier día los vemos de la mano en una manifestación: Como la del próximo sábado sobre las hipotecas). Vergonzoso escenario al que este artículo quiere añadir una nota de sentido común para aquél que la quiera tomar y entender, y así se preserve de los vaivenes de estos tiempos confusos que tienen su origen en un proyecto europeo que se sigue pretendiendo abortar en todos los países de Europa.
Esa es la realidad de este asunto de la banca. El proceso de armonización de normas y leyes dentro de la UE obliga a transformaciones en los comportamientos de la sociedad civil y de sus derechos como ciudadanos, lo que implica cambios de comportamiento en las empresas, de toda índole, incluida la banca, y que van llegando poco a poco a golpe de sentencias que se dictan desde aquí o desde los tribunales de la UE. El problema, a mi juicio, ha sido el cierto nerviosismo que ha cundido en el Supremo ante el alcance e impacto de las sentencias emitidas, lo que ha podido dar lugar a una imagen de revisión y debate al que no estamos acostumbrados los ciudadanos en instancias de tan alta entidad y seriedad. La sucesión de decisiones internas en ese ámbito han desconcertado a todos (expertos y ciudadanos) poniendo de manifiesto, una vez más, que el orden de los factores sí afecta al resultado de cualquier decisión que se tome en cualquier instancia del Estado; pues el Estado tiene la misión de garantizar, entre otras cosas, nuestra seguridad jurídica (ella hace posible la previsibilidad positiva que precisa todo ciudadano para desarrollarse y actuar en sociedad, otorgándonos una seguridad en el presente y en el futuro, pues organizamos nuestros actos cotidianos y particulares atendiendo a previsión de que nuestros actos son conformes a derecho y al sentido común, que es la base del Derecho).
El sentido común señala que el gasto que se ocasiona en una hipoteca, destinado a proteger a una de las partes respecto de la otra, debe ser asumido por quien impone ese gasto para protegerse y no al revés. De alguna manera en estas operaciones económicas cada parte asume la responsabilidad de protegerse de las acciones de la otra y en ello media unos gastos que se asumen, en ese sentido, y, por causas justificadas y no “gratuitas” – que es lo que vienen a determinar los tribunales cuando hay conflictos.
La solución que ha dado el tribunal es la mejor que tenía a su alcance, pues una decisión en sentido contrario hubiera determinado las devoluciones por parte de las CCAA de esos importes y un desequilibrio presupuestario en el Estado que no hubiera sido asumido por la banca – pues esta, defendiendo sus intereses en los tribunales podría haber conseguido hacer valer sus derechos al actuar siempre bajo los criterios de las leyes vigentes y por ello hubieran alegado no tener que  asumir perjuicio grave por una decisión que desvirtúa la interpretación dada, hasta ahora, de una ley.
Es claro que el proceso de la UE de ir homologando las normas, leyes, procedimientos y derechos de los ciudadanos, es lento pero firme e inapelable. Esos cambios que generan los tribunales europeos en las decisiones internas en España causan, a veces, malestar grave y desorientación en unos casos y en otros satisfacciones. Es lo que se puede ver cuando un Tribunal europeo afea la conducta de una jueza frente a Otegui (era obvio que no era imparcial la jueza con sus comentarios, por mucho que nos moleste el papel realizado por Otegui en su relación con ETA) pero también son los tribunales europeos los que van asentando una jurisprudencia en España que obliga a cambiar los procederes de empresas o Estado en favor de los ciudadanos españoles.
En este largo periodo de adaptación y armonización de leyes con el fin de crear unos EEUUEE – que es la meta final, aún lejana en el horizonte – se viene a revelar los de siempre; los que no quieren que nada cambie; los que estaban a gusto dominando el país y tejiendo sus redes de favores que comprometen a unos y otros en procederes no siempre legítimos. Estamos avanzando contra el corporativismo, y sus privilegios, instaurado en España desde hace décadas (el corporativismo es la base de todo fascismo, como señaló en Italia para constituirse en cuyo seno no existen las leyes que a todos nos afectan y responden solidariamente apoyándose unos a otros para evadirlas). Y en ese proceso de descontaminación de nuestro pasado autoritario – con rasgos fascistoides – y cuya meta es plenamente europeos (como siempre sentimos que debiéramos haber sido en derechos y deberes) hay, y habrá siempre, la resistencia de los que añoran ese pasado perfecto donde los grupos de presión (dentro del Estado, o de la Banca o de las grandes empresas, ciertas profesiones liberales...) imponían sus criterios a los gobernantes de cualquier signo (fuera en la dictadura o en la democracia) y en ello persisten en seguir pugnando por sobrevivir. Y para conseguir sus fines de añoranzas corporativistas apelan a mover discordia entre los ciudadanos desde los extremos ideológicos haciéndoles creer que son los paganos de esta o cual situación. Es cierto que solemos los ciudadanos pagar el pato de la herencia recibida de años y años de influencias de signo corporativista. Y es cierto que los gobiernos prefirieron pactar con los corporativistas, tal vez por resultarles más fácil, que imponer el criterio elemental del sentido común (que suele ser el que nos beneficia a todos). Y ahora estamos pagando el precio (que nos imponen los corporativistas) para transitar por la senda de la armonización con Europa y esos grupos corporativistas se resisten a ceder en sus privilegios hasta ahora mantenidos y porfían en generar malestar a la sociedad para salirse con la suya (ya sea con un autoritarismo de derechas o de izquierdas; en ambos ganan poder). 
Los Jueces son consciente de ello, más es de suponer en tal altas instancias del Estado, pero tenían pocas soluciones viables. Han abierto la puerta a que el Gobierno modifique la Ley, pues esa es la salida menos gravosa para todo el Estado y permite avanzar por la adecuación de los derechos de los ciudadanos hacia un modelo más transparente y equilibrado en las relaciones con la banca. 
Los que azuzan el ambiente son los de siempre (los que no quieren que nada cambie) y en ese objetivo buscan  de rentabilizar las reacciones de indignación que ellos mismos caldean; pero su objetivo común es desmontar Europa. Se quejan de Europa cuando es Europa quien promueve estos cambios en nuestras leyes y las nuevas interpretaciones que deben de realizarse. Es cierto que han existido muchos años de abusos ante los más humildes, pero es el momento de imponer los criterios más sensatos: Los Bancos no son máquinas para hacer dinero ni amasar fortunas – eso no lleva ninguna parte; los bancos está para crear y promover riqueza; esa es su responsabilidad y a ella deben atenerse sin ningún tipo de usura. En ese camino estamos (gracias a Europa, No lo duden).


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