Una Conmoción previsible (y seguro que prevista)

La sentencia en torno a Catalunya, emitida por el Tribunal Europeo, parece haber sorprendido a todos los comentaristas políticos en un primer momento. Al escucharla en directo, se podía apreciar la evidencia y congruencia de las razones dadas, sobre todo porque la ha leído en español (y ello se puede interpretar tanto como una sensibilidad particular ante lo que se puede considerar grave, o muy grave, el escenario que se está gestionando en España y que afecta, directamente, al intento de configuración de un gobierno estable, en medio de un clima de cierta desconfianza, recelos y, parece ser que también, temores y miedos que parecían sepultados, pero que, probablemente por no haberlos enfrentado en su momento y cara a cara – pues nunca hubo una verdadera ocasión para hacerle frente a nuestra propia Historia trágica, cuyos ecos impregnaron nuestra transición de temores, violencia y esperanza condicionada – vienen ahora a resucitar, y como parece que siempre suele suceder cuando da miedo llegar al fondo de los asuntos, en el peor momento posible) probablemente se pretende también, al leer la sentencia en español, que se eviten las especulaciones, y sin embargo, pese a la interpretación internacional que la opinión pública realiza de esta sentencia (donde se advierte que la sentencia es un respaldarazo a las tesis independentistas cuando señalan a España como país que no es garantista con principios democráticos, y como prueba de ello exhiben la sentencia del tribunal de Luxemburgo al mundo entero), y Europa se hace eco – y que se obvia e ignora, tal vez por prudencia en España, para no dar más alas al campo del antieuropeísmo,  – y se vuelve a especular sobre lo que el Tribunal Europeo ha puesto sobre la mesa de manera clara y expresa, y que gira en torno a un principio que parece estar bien asumido en la opinión pública de nuestro continente: Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo son soberanas y no pueden objetarse sin el concurso del propio Parlamento.  Y sin embargo, todo ello se pretende reconducir hacia la idea de algún tipo de “error u omisión o falta de estrategia administrativa” en los procedimientos judiciales llevados a cabo desde España. 

Creo que ello no es otra cosa que esconder la cabeza bajo el ala, para eludir un hecho que estaba siendo evidente desde el principio del conflicto, cuando un general español en activo señalaba que los tanques estaban preparados para entrar en Barcelona. Y no quiero decir que este hecho concreto sea determinante de nada específico en la decisión del Tribunal europeo, sino que, habiendo tenido múltiples oportunidades, el Gobierno y las instituciones del Estado, para demostrar que confían en las propias herramientas que otorga un sistema democrático, para reconducir una situación y desafío de ese calibre – pues nadie nos dijo que estábamos obligados a configurar nuestra Constitución como la configuramos en su momento, y consiguientemente se era consciente de los riesgos que comportaba constituir territorios autonómicos en base a criterios Históricos y, con ello, constituir o dar idea de que se puede constituir en base a una Historia pasada unos derechos para el presente y el futuro de un territorio - pues una vez asentada la idea de que existe un derecho histórico a ser Nación o Nacionalidad, bastaba, para ir consiguiendo cotas de identidad y de hechos diferenciales, una simple y buena estrategia que poder desarrollar) al margen del resto de territorios del propio Estado (y ahora nos encontramos que un inicio similar, en Aragón, para iniciar la misma senda catalana, en razones de nos ser menos que nadie, es tumbado por el Constitucional el mismo día en que celebramos lo más significativo de nuestra identidad aragonesa, la institución del El Justicia De Aragón (figura que ya en sí misma fue motivo de pérdida de derechos hace unos siglos; tal vez por eso el Tribunal hubiera elegido esta misma fecha para que su "señal" sea inequívoca). ¿Cabía esperar otra respuesta del Tribunal Constitucional? – sobre todo a la vista de lo que está pasando en Catalunya y en Europa? El mensaje que nos llega del Estado es claro y meridiano, y la elección de la fecha para hacer pública la sentencia no deja duda alguna de ello (porque parece claro que los eufemismos que juegan con las palabras sobre si la nacionalidad debe considerarse cultural u otras figuras semejantes, para darle cabida y algún tipo de encaje cuyo objetivo siempre es y será el mismo, han demostrado que no son suficiente argumento, ni sólido instrumento de contención para el nacionalismo/independentista, sobre todo cuando el mundo gira nuevamente y transita para abandonar formas de cooperación y encuentro y retornar hacia el nacionalismo; vuelto a ver como una solución política ante los problemas que crea una visión económica global del planeta o intentar uniones políticas como la UE, cuando las potencias internacionales (EEUU) ve en ello un problema grave en el desarrollo de sus estrategias internacionales – destinadas, obviamente, a perpetuar su liderazgo, y consecuentemente no a negociarlo con quienes considera se han desarrollado bajo el paraguas de su protección militar y económica). 

Quienes configuraron la Constitución del 78 no contemplaron (eso parece ahora, o lo obviaron) que el rescate del proyecto autonómico republicano se basara probablemente en un escenario histórico muy concreto: El desastre del 98; es decir, compensar una situación emocional del sentimiento nacional de entonces, basado en la idea de seguir teniendo un Imperio (que fue lo que Franco esgrimió de facto como alternativa al proyecto republicano) porque las naciones, cuando se basan en ideas nacionalista siempre precisan de potentes mitos que actúan como cimientos mágicos que no precisan demostración lógica, ni normalmente la tienen (porque acaban por tener que inventarlos o deformar la Historia hasta hacerla tan irreconocible que se tenga que apelar a fuerzas “mágicas” o “divinas” para hacerlas aceptables: La sangre, la raza, un destino predeterminado de impacto Universal, asumir una tarea intangible esencial para la humanidad…..). Y se trasladó, probablemente de esa manera, el sentimiento de identidad Nacional frustrado en el 98 a un nuevo sentimiento autonómico, que se observaba con claras ventajas para la administración interna con un proyecto de acercar el Estado a los ciudadanos y darles cabida y capacidad de decisión. Pero ya era obvio que vincular territorio autonómico con una Historia épica documentada, y sobre esa Historia constituir Derechos de autogobierno ya habían dado problemas en Catalunya que se tuvieron que resolver entonces con el ejército. ¿Por qué se pensó en el 78 que no volvería a pasar? Probablemente por el contexto político del momento, aunque la reacción golpista del 81 es señalada, entre otras cosas, como causa de la LOAPA . Otros artículos rescatados de aquella época reflejan el ambiente político del momento y parte de la evolución del sistema autonómico: (El País) y El Mundo

La impresión que se podría obtener del debate del viernes en 24 h, se asemejaba a un desconcierto general de los analistas entorno a algo que parece esencial: ¿Cómo interpretar una sentencia – de Luxemburgo -, para que desde esa interpretación más favorable, si se encuentran resquicios y fisuras de cualquier tipo, poder reconstruir un argumento contundente que permita salvar el esfuerzo realizado por nuestras propias instituciones en demostrar la legitimidad de lo que resulta esencial a todo Estado: Su integridad territorial? – y que sabemos que ello siempre ha sido una prioridad en toda Nación y, como consecuencia de esa prioridad, vimos como la democracia más veterana del mundo occidental iba a una dura Guerra Civil por motivos de una pretendida secesión del sur de EEUU. Análogamente vimos una situación similar en la antigua Yugoslavia – con la desgraciada injerencia, entonces de Alemania, en medio de un proceso de autonomías que pretendía emular al español, y donde Croacia fue reconocida como tal identidad haciendo estallar la guerra entre personas y gentes que se había llevado bien, eran convecinos y vivían puerta con puerta.

Algunos de ellos pretendieron retrotraer el problema a una falta de previsión del Tribunal español por o no haber permitido el acceso al cargo de los imputados elegidos y luego seguir el procedimiento más lógico en orden a esa prioridad propia de un sistema democrático y posteriormente pedir suplicatorio al Parlamento o por realizar la pregunta (innecesaria) al propio Tribunal Europeo sobre el procedimiento a llevar a cabo (ahora ya consumado, irreversible y con efectos adversos, otra vez, para nuestra imagen internacional; por lo que se pretende señalar que la decisión del Tribunal Europeo es extempórea respecto del asunto que debía pronunciarse, y consiguientemente sin utilidad ni aplicación posible); y sin embargo, como digo, la opinión pública internacional “lee” y entiende de manera bien diferente de como aquí se está tratando el asunto; y la manera que tiene de entender esa sentencia supone un verdadero revés para la credibilidad del sistema de garantías jurídicas español, pues les resulta evidente que se debieran haber respetado, en los elegidos, un derecho básico adquirido, y que resulta esencial reconocer en toda democracia, como consecuencia de ser decisión de electores en un proceso legal y legítimo (y desde ese reconocimiento, a una condición adquirida, que es la esencia y base de la democracia, esencialísimo e irrenunciable hecho que debe priorizar un Estado que se considere democrático, a partir de ahí, construir las objeciones que considere por los medios legales apropiados y democráticos).

Mi pensamiento y reflexión va más lejos, en busca de las causas, porque si realmente queremos mejorar nuestro sistema democrático resulta obvio que hay que atender a las causas; y las causas bien pudieran ser el hecho de desconfiar (de manera íntima) de la eficacia del propio sistema democrático español para reconducir la situación catalana sin recurrir a ninguna forma o manifestación de violencia que pudiera poner en entre dicho la tolerancia a la libertad de expresión (en maneras y formas pacíficas) de nuestro propio Estado, como demostración de esa confianza plena en los instrumentos del propio Estado democrático para reconducir una cuestión que era evidente que tarde o temprano se daría en España, y consecuentemente deberíamos enfrentar con las herramientas que nos dimos en la Constitución; y al ser esta una Constitución democrática, la respuesta a iniciativas democráticas que puedan contrariar al propio Estado (incluso cuando por medios “democráticos” se saltan procedimientos legales de obligado cumplimiento) deberían ser "toleradas" y reconducidas por medios estrictamente democráticos por el simple hecho de confiarse plenamente en que nuestra Constitución es eficaz; y también es eficaz nuestra Constitución, cuando se aplica respetando las maneras, las formas y los procedimientos propios de un Estado democrático (que era lo que realmente estaba en juego en el desafío catalán: Demostrar que el Estado central no cumple en maneras ni formas y, consecuentemente, violenta, de una manera u otra, lo que se considera ejercicio de libertades y democracia en Europa).

Y sin embargo las circunstancias han venido a señalar cuestiones evidentes que pudiéramos considerar – ya  a los ojos de la opinión pública internacional - como déficits democráticos – no tanto en nuestra Constitución como en la aplicación e interpretación que se realizan de las normas y leyes que de ella emanan por personas concretas – o corrientes de pensamiento - que pudieron atender más a la presión ambiental de “sentirse desafiados” y “responsables de proteger la "dignidad" del Estado” (presiones exteriores a los tribunales y gobierno que gestionaban y estaban gestionando este conflicto), que al propio sistema Administrativo y al alcance de la Administración del Estado para reconducir y restablecer cualquier acción pacífica de la CACatalana (que sólo estaba en condiciones de expresarse, entonces, por medios Administrativos o de consecuencias Administrativas a las que nuestro Estado podía oponerse y anular eficazmente); mostrando con ese proceder que se respetaban las maneras y formas – proporcionales y proporcionadas – a los términos, en también maneras y formas, del desafío anunciado por la Generalitat; y que a mi entender (mi entender limitado evidentemente) pero consecuente con la opinión pública europea que es quién nos iba a juzgar, y ello era un hecho palpable y evidente que se iba a producir. 

La estrategia independentista era la de generar el suficiente “vértigo” en el propio Estado y sus Instituciones esenciales (pero sobre todo, generar vértigo en los poderes fácticos para provocar el "error" esperado y siempre producido en España) para que, aunque supieran que tenían medios para ir desmontando cada paso dado por los independentistas (quedando en última instancia a evaluación del Tribunal de Derechos Humanos, y que era instancia más fácil de gestionar, incluso con sentencia adversa) provocar el “tic” histórico, propio de cómo se concibe la autoridad en España, para todo o casi todo, saliera a relucir como parte del propio carácter español (que también lo es catalán, porque también muestran su intolerancia, pero que con esta argucia se distancian de su propia condición española, y que nos ha tocado sufrir de manera a veces sutil y otras ofensivas); es decir: La autoridad en España debe mostrar, cuando es desafiada, en algún momento de cualquier proceso que se enfrente y se gestione, un gesto inequívoco de autoridad soberana por medio de un gesto o acto de violencia clara y evidente – con la finalidad de que no se vuelva a repetir ningún otro desafío y, consiguientemente, sirva de ejemplo a la sociedad (es la manera de Educar que el Estado tiene a su alcance y que considera que debe de practicar).

La concepción de la Autoridad en nuestro Estado, ante determinadas situaciones y desafíos, se muestra con la necesidad de ir acompañada de violencia – como parte inseparable de la naturaleza de esa propia Autoridad y cómo es concebida por sí misma (probablemente porque la sociedad también la tiene incorporada en alguna medida a diferencia de otras sociedades (¿?)) - pero que viene a traer consecuencias bien indeseadas como las que estamos viviendo en la actualidad nuevamente (después de que hubiéramos sido advertidos con las primeras imágenes violentas en medio de urnas; una imagen singularmente antitética a lo que se entiende por democracia en una Europa castigada por la violencia nazi). Es decir, en Europa se entiende la existencia de urnas como método eficaz y esencial para la exclusión del ejercicio de la violencia - el propio Estado se somete así a la voluntad popular así expresada por medios legales y con garantías – y aún más si sobre ese Estado que históricamente viene actuando así, se vienen "sembrando" sospechas en medios internacionales de esa forma de proceder, por "otra" parte esencial y constituyente del propio Estado, cuyo objetivo declarado es demostrar que la Autoridad en España es violenta: Una de sus autonomías, la Catalana, que viene a intentar demostrarlo, con evidente fortuna, y lo demuestra fehacientemente a los ojos internacionales tanto en la vertiente del orden público como del propio sistema jurídico español; después de que un conflicto vasco también se postulara en ese mismo criterio para justificar su propia violencia (y que tuvo eco durante muchos lustros en la propia opinión europea).

Sé que es posible que no se suelan establecer visiones tan transversales en política, como las que suelo tender a realizar en estas reflexiones; creo que más bien se suele tender a realizar análisis para salir del paso de cada cuestión que se presenta con la esperanza de ir resolviendo cada problema concreto de manera independiente e inconexa – al menos así se expresa o se da a entender a la opinión pública interna -  y sin embargo, dada la gran y creo que grave preocupación de la gran envergadura de este problema catalán que pretende la secesión y pérdida de la integridad territorial de nuestro Estado, cabe, de alguna manera, realizar retrospectivas con la finalidad de explorar la posibilidad de encontrar mejor luz que nos evite encaminarnos a un conflicto de mayor envergadura y gravedad; y en ello esperábamos el apoyo, en alguna medida, de Europa y de sus instituciones (pero ese apoyo no es gratuito en sí mismo, porque las instituciones europeas dependen de su propia opinión pública; y nos lo advirtieron). Pero a nuestro juicio español, el apoyo debería venir desde nuestra propia percepción del "vértigo" que nos causa este problema y por ello esperar de Europa una adhesión que pasara por alto esas "pequeñeces" de irregularidades, en maneras y formas, cuando emplea el Estado español sus fuerzas de orden público o sus tribunales para "reconducir" situaciones que ponen en tela de juicio su Autoridad. Y viene a resultar que para lo que nuestro Estado español son pequeñeces salvables y justificables, nos las presenta el Tribunal Europeo como esenciales formas de proceder que determinan la legitimidad de la Autoridad en España. Aún así, chapuza detrás de otra, es de esperar del propio Tribunal Europeo que su sentencia debe de estar en consonancia con una visión jurídica que respete ese principio común a las Naciones por el cual se respeta su integridad territorial; y en un conflicto como este, común a otras naciones de Europa, es de esperar que se respeten las legalidades y Constituciones de cada país miembro de la Unión y que las observaciones del Tribunal vayan encaminadas – en su jurisprudencia – a fortalecer los valores democráticos de los Estados miembros de su Unión sin menoscabo alguno de una cuestión tan esencial como es la Integridad territorial. En esa creencia entiendo que, fuera cual fuera el resultado final de este proceso de secesión a los ojos de ese Tribunal Europeo o de cualquier otro (como el de Derechos Humanos) existirá, consecuentemente, un reproche por alentar desde Instituciones la violencia en alguna medida, y por otro el respeto de los Estados a conservar esa integridad que les dio razón de ser y de formar parte de la Unión; generando todo este proceso jurídico dentro de la UE un cuerpo jurisprudencial destinado a mejorar la calidad de las democracias de sus propios Estados (sin que en el proceso exista un riesgo real de desintegración de un Estado miembro a causa de un aliento jurídico procedente del exterior y de una institución concebida para la paz como lo es la UE), porque de lo contrario (si este proceso resultara exitoso a la CA Catalana estaríamos ante el escenario, por primera vez en Europa, de que se halla definido un procedimiento jurídico que permitiría el "divorcio" de una parte del Estado bajo determinados requisitos que tuvieran que ver con la mala calidad democrática del Estado acusado ante los tribunales internacionales de ser violento y represivo, y consiguientemente está imponiendo un criterio de Autoridad, que ya se podría suponer transversal en todos sus procederes, que vulnera, en sí mismo, cualquier ejercicio de libertad que le contraríe y viniera desde donde viniera).  La aparente manifiesta incapacidad del Estado español de realizar una reflexión de esta naturaleza (sencillamente porque ha acostumbrado a su propio pueblo y ciudadanos a imponerse desde esa visión de cómo concibe su propia autoridad; mostrándose como ejemplo para conducirse a los propios ciudadanos) nos puede llevar a una situación por la cual sean los propios ciudadanos los que clamen que se trate a los catalanes bajo los mismos parámetros que son ellos tratados y, consecuentemente ante los obstáculos que opone el Tribunal Europeo a mantener esa forma de proceder, estaríamos entrando en un proceso de desafección a las instituciones europeas provocadas por las instituciones de la propia UE – es decir: la UE, por medio de su jurisprudencia, se percibiría como un instrumento que, con su verdad jurídica de cómo se debe entender la democracia, señalaría el camino de cómo llegar a la independencia de territorios dentro de los Estados que la integran cuando estos carecen de garantías democráticas esenciales. La pregunta sería: ¿Ese  es el objetivo de la UE y del proyecto europeo? La respuesta es que así lo concebimos cuando la UE se fue gestando y configurando como instrumento para la cooperación, el desarrollo económico y social y la paz en Europa por medio de mejorar la democracia.

   Es probable que este escenario, y el encrucijado laberinto político que vivimos, sea, exclusivamente, producto y consecuencia de no haber hecho frente (abiertamente) al propio pasado Histórico español y, de alguna manera, haberlo considerado un verdadero tabú, como si destaparlo, ventilarlo y ponerlo a la luz del Sol fuera tan temerario como  abrir  la caja de Pandora; una caja de Pandora que pudiera llegar a poner en  entre dicho el propio sistema político destinado a consolidarse en el marco democrático – y de ahí la solicitud del General Gutiérrez Mellado, de aparcar esta cuestión al menos cien años; pues parece obvio que, incluso en las guerras, en su desarrollo y en las circunstancias de los prolegómenos que las hacen posible, no sólo en este caso los partidos políticos y sindicatos fueran recopilando documentos, recopilando declaraciones, adjuntando procesos de negociación, o relatando las circunstancias detalladamente que hicieran posibles desgracias, crímenes y grandes tragedias y las medidas tomadas consecuentemente; sino que el propio Estado constituido en bicefalia, y una vez unificado por el vencedor de la contienda, realizaría, probablemente, la ardua tarea de ordenar todos los documentos emitidos, seguir investigando los pormenores y cabos sueltos, y obtener declaraciones detalladas de quienes, cómo, dónde, cuándo y porqué de cualquier circunstancia que les pareciera relevante; y aunque no se incluyera y adosara a tan ingente documento un guión hecho a propósito que encadenara todos y cada uno de los acontecimientos y episodios de aquella etapa – y que sólo serviría como elemento perturbador, en sí mismo, pues todos somos humanos y por ello difícilmente podremos despojarnos de nuestra propia condición al interpretarlos – los documentos hablaran, por sí mismos, y con evidente claridad, sobre todo para aquellos que conocen las profundidades más complejas de los Estados, de las relaciones internacionales entre Estados y de la propia condición humana de quienes intervinieron en un u otro sentido en situaciones decisivas o relevantes. Así que fuera, probable, que no sólo hubiera que entrar en las circunstancias que se dieran en nuestro propio Estado (que ya de por sí hubieran supuesto una difícil “digestión” para la sociedad), sino que también se hubiera podido intuir que tanto quienes se alzaban militarmente como quienes resistían estaban mediatizados, unos por planes muy determinados y rígidos que pudieron suponer consecuencias inexplicables sobre su propio bando; y otros, análogamente, quienes resistían, por tampoco puedan explicarse plenamente por tener que ir a remolque de la opinión pública internacional y estar atentos todo lo que desde Londres y Moscú se sugiriera al respecto del desarrollo de esa resistencia al movimiento militar alzado en armas para no perder totalmente la legitimidad republicana en la opinión pública internacional. Todo ello en un probable ambiente de constantes rumores, noticias falsas, censura y miedo; y siendo ello gestionado por cada uno de los bandos con la finalidad de conseguir el objetivo final: Ganar o resistir hasta cambiar la opinión internacional.

Con independencia de que cada organización que vivió aquella etapa tenga sus propios archivos, desde donde se pueden verificar cómo se fueran desarrollando los hechos previos y los posteriores, incluso el desarrollo de la guerra civil y las situaciones para el cese de la guerra y la aceptación o no de la paz, es de creer que el Estado, y particularmente quienes se dedican a lo esencial de su seguridad – incluso el propio Ejército – contenga ficheros constituidos, clasificados y estudiados que muestren las causas esenciales del conflicto, sus participantes y promotores, el papel desarrollado y las propias conclusiones obtenidas por ellos mismos como expertos mejor cualificados en asuntos de seguridad. Y, consecuentemente, desde ahí se pudiera explicar que el propio Gutiérrez Mellado propusiera no tocar el tema en cien años, lo que viene a significar que hace falta que varias generaciones transiten hasta que pueda ser leída, expresada, evaluada y llegado a algún consenso, sobre aquella documentación que hace posible concebir, no solo los motivos reales y las causas que desembocaron en la confrontación, sino además entender porqué se reconstruyó la Democracia desde la fórmula que hoy conocemos como régimen del 78 y no desde otra perspectiva (en mi convencimiento la solución del 78 fue la más conveniente y acertada, salvo en la idea de constituir CCAA en base a la Historia territorial, pero ello era, con mucho, un requisito impuesto por un devenir – ya se sabían sus consecuencias; ya se sabía que ETA estaba ahí, señalando una amenaza extrema y violenta del nacionalismo interno – pero parece que todo estaba abocado a esa solución, pues incluso el Nacionalismo Vasco se visualizaba, por entonces, con cierta aureola heroica y de resistencia al Franquismo que fue explotada internacionalmente para limitar la actividad y proyección política de España). (Sé que hoy en día muchos pensarán que el problema medioambiental no se percibía en el mundo y en España como ahora lo hace; para esos que piensen así, cabría señalarles que ya por entonces las malas prácticas de las grandes multinacionales y el ocultamiento de accidentes nucleares o fabricas químicas, era práctica habitual con la que se pretendía presentar y mantener una idílica idea de progreso y fe en la tecnología y la Ciencia; y que ya por entonces hubo héroes anónimos – todavía no domesticados ni seducidos por los medios de comunicación de masas - que no cedieron en la dignidad de sus principios y acciones a cambio de construirles una imagen y un aura mediática que les otorgara tal prestigio y consecuente bienestar, que les hiciera modificar su actividad y mostrarse más amable y accesible al propio sistema, que es lo que ahora parece suceder. Y sin embargo, aun sabiendo de los peligros de constituirse como Estado con nacionalismos internos, en modo alguno podía pasar por la mente de entonces considerar que poseíamos una estructura de gestión de Cuencas Hidrográficas que hubiera permitido una gestión territorial del Estado, político/económica, sin los riesgos derivados de creerse cada territorio portador de derechos Históricos que permitieran realizar el camino hacia su secesión. Pero por entonces se consideraba al ecologismo y a los medioambientalistas y conservacionistas, como enemigos potenciales del progreso y, en consecuencia de la economía y el empleo (fíjense el cambio que ha dado la perspectiva de la economía); y a los pacifistas se les consideraba, solo si eran de izquierdas, un peligro ya señalado por la OTAN y que en caso de inminente conflicto debieran de ser conducidos a campos de concentración (por lo cual todos estábamos identificados por el propio Estado, en razones de seguridad, y al margen de las leyes Constitucionales).

 Así pues, es probable que cada uno de los partidos constituyente del régimen del 78 tuviera información bien fidedigna de lo acontecido en el conflicto civil, y en consecuencia, todos los que desarrollaran la Constitución tuvieran en mente los desencadenantes que hicieran posible la gravedad del desencuentro histórico y social. Y por ello, tal vez, se considerara esta fórmula como mejor solución, pues retrotraerse a un análisis previo de la Historia, para intentar que ese análisis fuera compartido por todas las partes y así llegar a un consenso, antes de asentarse la Constitución, hubiera sido como entrar abiertamente en la posibilidad de volver a alentar esas mismas rivalidades y, probablemente, se hubiera dinamitado la posibilidad de instaurar o asentar la democracia.

 La posibilidad de que al restaurar la democracia hayamos tenido que pagar el precio de desconocer en profundidad los detalles de lo ocurrido y tener que aceptar el relato contrapuesto de los contendientes más antagónicos en el conflicto (Franquistas y Comunistas), solo permite acercarse al conflicto desde visiones épicas de un lado u otro. Por lo que resulta bien difícil construir el verdadero ambiente que vivirían los sucesivos gobiernos republicanos, la previa Dictadura de Primo de Rivera y los motivos de sus decisiones, el ambiente político interno, las situaciones de confrontación, si realmente hubo o existieron lugares para propiciar el encuentro y el acuerdo…. y los intentos de revoluciones y de intentos de golpe; todo ello dentro de un Estado, que como tal Estado, buscaría, es de suponer, constantemente la manera de mantener un equilibrio en busca de encontrar un espacio de bienestar generalizado que permitiera el desarrollo económico y social; y que ha quedado invisible por las rivalidades y los enfrentamientos de los extremos, haciendo posible que el triunfo de uno de esos extremos impusiera su propio relato, como si ello fuera lo esencial y básico a conseguir en ese periodo; es decir, lo importante no parece que fuera aportar esfuerzos para hacer viable la moderación y el término medio en toda decisión de Gobierno, sino imponerse uno sobre otro, como si toda la sociedad española estuviera realmente polarizada y deseosa de un abierto enfrentamiento por el poder.
Bastaría para aproximarse a esta idea que propongo, donde se salva el concepta de Comunidad Autónoma para gestionar los territorios descentralizadamente, y ahorrarnos la visión nacionalista, intentar visualizar quienes se oponen y opondrán a una visión eficaz de la gestión del territorio de nuestro Estado. Pues resulta obvio que divisiones administrativas en nuestra España existen desde hace mucho tiempo y se han seguido criterios muy diferentes que son visibles en los proyectos que se conservan, aunque no vieran la luz o fueran desechados en su momento, pero que señalan, con evidencia, que no estaban estructurados bajo premisas Históricas que resultaran ineludibles para organizarse internamente, sino que por el contrario estaban mucho más abiertas a otros criterios de lo que ahora suponemos, pues siempre fue la burguesía quien impuso su criterio al Estado central en razones predominantemente económicas (para desde ahí imponer las lineas básicas por medio de sus propios criterios territoriales). Pensar que en el régimen del 78 nadie observara el mapa divisorio de España en cuencas hidrológicas  (cuando estas existen desde hace 250 años) resulta, al menos atrevido, porque obviamente de haber optado por esa configuración territorial de las CCAA la politización de la gestión territorial en razones históricas y nacionalistas no hubiera traído estos problemas; pero también era obvio que quienes se opondrían a esta configuración del territorio serían quienes precisamente los que no entienden que la gestión del territorio es un proyecto para la construcción de un mundo mejor para todos (que es lo que ahora se evidencia más claramente que siempre así debió haber sido, a propósito de los problemas ambientales) sino que para ellos es una gestión política para fomentar una identidad nacionalista con la que poder "comer" cada día. Y desde esa visión nacionalista poder envolverse en la bandera de patria chica cada vez que se les pilla metiendo la mano en el bolsillo de todos (como demostró la Generalitat que era una buena formula para distraer a la opinión pública para distraerla, no solo de sus errores de gestión, sino de sus mangancias particulares que nos han llevado a esta situación actual).

Ver: La Cuencas hidrológicas y la NBBC

         Ver: Una Europa de ensueño