Este concepto de equiparación del
individuo al Estado es el que ha asumido formaciones nuevas de nivel estatal y
regional, manipulando a la sociedad a expensas de la crisis y haciéndoles creer
que persona individual y Estado son la misma cosa o se encuentran en el mismo
rango o categoría- olvidando que Estado
es suma de TODOS, y nunca la parte puede suplantar al TODO, por muy organizada
que esté - de ahí la necesidad del Parlamento y la pluralidad de los
partidos cuya finalidad es expresar y representar
a la sociedad española, por lo que ninguno de ellos, aunque asuma tareas y
responsabilidades de Gobierno del Estado, puede considerarse el pleno Estado,
sino una representación del mismo que asume atribuciones de Gobierno controladas
por el Parlamento. Y ello es ignorado por aquellos que piensa que su
individualidad está por encima de la suma de las individualidades que conforman
el total y verdadero Estado que somos todos, sin exclusiones.
Y si las personas no pueden
sobrepasar los límites que pone el Estado, con el fin de preservarse (y con ello preservar nuestros derechos y libertades), mucho menos
las Instituciones que emanan del propio Estado son libres de darse normas al
margen de la "fuente" que las emana y legitima a todas ellas, y que se
derivan su existencia del propio Estado en su afán de satisfacer el bien
general de TODO el Estado y no sólo de una parte del mismo.
El derecho a decidir sobre el
Estado, desde esta perspectiva, corresponde a todo el Estado, y no sólo a una
parte del Estado - como algunos pretenden haciendo gala de una soberana ignorancia
Universitaria. El Estado puede conceder el derecho a decidir sobre aquello que
no ponga nunca en peligro su propia existencia - que por otro lado, esa
existencia es la garantía de nuestras libertades.
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