Es posible que
empiece a ser necesario que exponga documentos sobre la mesa, pues es más que
probable que las insignes personas nombradas en mi blog renuncien a tomar
posición, más allá de lo que consideraran ellas "prudencia", que no es otra cosa,
a mi juicio, que protegerse y proteger una institución que prevalece en el
tiempo, a pesar de lo que los profanos consideramos sus "irregularidades". Irregularidades que son tomadas como “lo
más conveniente” en cada momento, aunque ello suponga allanar derechos de personas
o trabajadores (y con ello obviar la Constitución o cualquier norma
democrática que pida rigurosidad; pues es obvio que en un entorno democrático las cosas pasan por el
filtro de dar cabida a la expresión de las personas así afectadas, y en este
caso (y supongo que en otros) se saltaron cualquier procedimiento que es
inherente al Procedimiento Administrativo Común – procedimiento señalado y
constituido previamente a la Constitución y que tiene como objetivo proteger y
ofrecer un mínimo de garantías a las personas sobre las cuales la
Administración ejerce sus potestades; y ello incluye a los funcionarios
Públicos de las arbitrariedades que pudieran caber sobre sus carreras
profesionales. Así que el primer documento representa el acceso a la
Administración como personal laboral – no entro en los detalles de esa
oposición porque ya lo hicieron los sindicatos en su día. El segundo documento
es el de mi adscripción, mediante nuevamente oposición, a Guarda de Montes con
el nº 1. El tercero la modificación en los libros, que expresa un certificado solicitado posteriormente, de mi puesto de trabajo.
Y el último el
enlace con la noticia que dio lugar a esa oposición de Guardas, donde la prensa
se hizo eco por haber sido una chapuza que titularon “Perdido en una montaña de
papel” (donde algún sospechoso de golpista se le pudo hacer
hueco para entrar en la Administración como funcionario, dando lugar al lío administrativo que refleja la prensa). Esta es mi (su)
patria. La última es la petición al defensor del Pueblo y su contestación adjuntando lo esgrimido por el Jefe de Policía (procedente del ámbito militar y nombrado para este cargo en marzo de 1981, un mes después del Golpe de Estado de 1981 contra la Democracia).
Perdido en la montaña de papel
Un ciudadano ha pleiteado durante tres años contra el Ayuntamiento de Zaragoza, que extravió un examen para guarda de montes
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Zaragoza 19 MAY 1989
El ciudadano José Joaquín López Mauleón confiesa que se siente humillado e impotente ante la Administración. Resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza le extravió los exámenes de unas oposiciones a las que concursó para obtener una plaza de guarda jurado de montes y a la que, según su opinión y las puntuaciones, tenía derecho. El ciudadano López lleva casi tres años luchando contra la burocracia. Ha pleiteado con la corporación municipal por la vía contencioso-administrativa y mediante una querella.
Los tribunales le han dado en parte la razón, pero sigue sin obtener la plaza. "Sólo quiero que se reconozca que tengo derecho a la plaza y que no se vuelvan a repetir situaciones como ésta", ha dicho. La búsqueda de los exámenes ha sido inútil debido a la sección de personal y a la reorganización del archivo municipal. El alcalde, el socialista Antonio González Triviño, dijo que cuando se perdieron las pruebas había en el Ayuntamiento 17.000 solicitudes pendientes de tramitación y que la planta donde se archivaron estaba en obras.El Ayuntamiento convocó en 1986 unas oposiciones para cubrir plazas de oficiales de segunda de guardas jurados de montes. El 17 de junio de ese año aparecieron publicadas las calificaciones, y el opositor López Mauleón comprobó que, pese a tener una puntuación superior a otros aspirantes, no figuraba en la propuesta de adjudicación de plazas. López aparecía con 13,8 puntos, y el aspirante propuesto para la cuarta plaza obtuvo en el primer ejercicio 7 puntos; en el segundo, 5, y por méritos, 0,1 puntos, que suman un total de 12, 1, pero, sin embargo, en el tablón de anuncios figuraba con 14,1 puntos. El aspirante adjudicatario de la tercera plaza obtuvo en el primer ejercicio 6,5 puntos; en el segundo, 5 puntos, y por méritos, 0,75, que hacen un total de 12,25 puntos, aunque figuraba con 14,25 puntos. Estas divergencias en las calificaciones motivó que López Mauleón presentara un recurso ante la alcaldía, que no fue contestado.
Dos millones y medio
La propuesta de adjudicación de plazas fue aprobada definitivamente y el 31 de julio interpuso otro recurso, que fue desestimado, según una resolución de enero de 1987, alegando que hubo un error en las listas y puntuaciones que fue subsanado en su día. El paso siguiente fue presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial, que solicitó por dos veces los exámenes. El Ayuntamiento no contestó en la primera providencia, y en la segunda declaró que "ha sido inútil su búsqueda, pues se han extraviado". La sentencia de la Audiencia da en parte la razón al opositor, pues si bien no le otorga la plaza, condena al Ayuntamiento a indemnizarle con 2,5 millones de pesetas.La sentencia señala que "evidentemente existió un incorrecto funcionamiento de la corporación local al perder unos exámenes, que se ve acentuado aún más en el hecho de que se trata de un concurso-oposición sometido a revisión jurisdiccional y en el que serían detectadas ciertas anomalías en el otorgamiento de las puntuaciones". La Audiencia considera que se le ocasionó al opositor un "grave daño", pues se le negó "por vía indirecta el 50% de las legítimas expectativas a obtener un puesto de trabajo". Esta sentencia ha sido recurrida por ambas partes ante el Tribunal Supremo.
En septiembre pasado López Mauleón optó por la vía de lo criminal. El juez de instrucción número 3, Javier Cantero, decidió el pasado día 5 archivar las diligencias "al faltar el dolo necesario para la existencia del delito". El juez señala que "más bien se acredita la existencia en el Ayuntamiento de una situación caótica de la que se deriva un descontrol que permite actuaciones como la que dio origen a la querella, cual es la pérdida de un examen".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de mayo de 1989 El País
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